El Gobierno nacional aseveró que Fernando Cerimedo jamás desempeñó un puesto oficial en la administración del mandatario Rodrigo Paz y garantizó que no gozará de amparo político alguno frente a las indagaciones por un presunto caso de tentativa de feminicidio.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, detalló que Cerimedo mantuvo una participación cercana a lo largo de la campaña electoral de Paz y que más adelante brindó apoyo puntual en temas vinculados a comunicación. No obstante, precisó que no integró la estructura formal del aparato estatal.
La postura gubernamental se conoció luego de que se difundiera en plataformas digitales una tarjeta donde Cerimedo figuraba con el rótulo de “asesor principal”. Al respecto, Gálvez remarcó que dicha designación no forma parte de ningún cargo contemplado en la administración pública, descartando de ese modo que el ciudadano argentino ejerciera funciones oficiales amparado en esa nominación.
El portavoz añadió que el vínculo de Cerimedo con la administración fue eminentemente consultivo y sus contactos con las autoridades se dieron de forma esporádica. Asimismo, indicó que desde hace un tiempo el sindicado permanecía apartado de la dinámica del Gobierno y cumplía tareas en el extranjero.
El escenario dio un vuelco a partir de la aprehensión de Cerimedo, investigado por presunta tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. La víctima sobrevivió a una agresión armada en la que fue alcanzada por múltiples disparos, suceso que quedó bajo control de los operadores judiciales.
Beller prestó declaraciones públicas en las que denunció un supuesto plan orquestado para atentar contra su integridad física, así como maniobras para tapar episodios de violencia y presuntas irregularidades, acusaciones en las que nombró a integrantes vinculados al entorno del Ejecutivo y señaló directamente a Cerimedo.
Ante estas denuncias, el Órgano Ejecutivo eludió emitir juicios anticipados respecto a la responsabilidad del investigado. Gálvez remarcó que es competencia del Ministerio Público y de los organismos investigativos esclarecer los hechos y corroborar si existen indicios suficientes contra las personas señaladas.
El Gobierno sostuvo además que no interferirá en las actuaciones de la justicia y exhortó a que las pesquisas se lleven a cabo de manera transparente, seria y exhaustiva para dar con la verdad de los hechos y definir las sanciones pertinentes.
Entre las disposiciones adoptadas, el Ejecutivo comunicó el fortalecimiento del resguardo policial para Beller, asignándole 15 uniformados para velar por su seguridad mientras continúa el desarrollo de la causa.
La causa cobró notoriedad debido al perfil público de Cerimedo y a su proximidad con el actual mandatario durante la etapa proselitista. A pesar de la negativa oficial de que haya ejercido un cargo formal, su labor como asesor y colaborador generó cuestionamientos en torno a su nivel de influencia en esferas gubernamentales.
Frente a la gravedad de los hechos denunciados y los lazos previos del investigado con el entorno presidencial, la administración de Paz afronta la exigencia de garantizar que las instituciones actúen al margen de presiones políticas en un proceso bajo constante observación pública.
En tanto progresen las diligencias, las autoridades deberán establecer la dinámica exacta del ataque, los presuntos partícipes, el móvil del crimen y posibles nexos adicionales, además de verificar probatoriamente si los señalamientos de la víctima guardan correspondencia con la investigación penal.
Con el reiterado compromiso de que no habrá protección política, el Gobierno busca distanciarse de Cerimedo, mientras que los avances judiciales marcarán el rumbo para dilucidar el caso y aplicar las sanciones que determine la ley. (Erbol)