La propuesta del Gobierno central de transferir el 1% de la Coparticipación Tributaria a las gobernaciones mantiene las posturas divididas en el ámbito regional. Pese a estas discrepancias, siete gobernadores acordaron solicitar la reapertura de las mesas de diálogo con el Ejecutivo nacional con el propósito de profundizar la discusión técnica sobre el reparto de fondos y adecuarlo a las competencias locales.
A través de una declaración pública emitida el lunes 9 de noviembre, las autoridades admitieron la presencia de criterios dispares frente al porcentaje ofertado, aunque subrayaron la urgencia de reanudar los canales de negociación para robustecer las autonomías y asegurar el financiamiento de sus responsabilidades institucionales.
La controversia tomó fuerza tras la presentación del Ejecutivo, que calificó este 1% como un paso inicial dentro de un proceso gradual de redistribución fiscal, lo cual no colmó las expectativas previas de varias administraciones departamentales.
Diferencias sobre los porcentajes planteados
En los intercambios iniciales, los representantes de Santa Cruz y Tarija manifestaron su rechazo a la oferta oficial, recordando que su objetivo era arrancar con un 5% y proyectar incrementos escalonados hasta un 15%.
Por su parte, las gobernaciones de La Paz y Beni consideraron que el 1% podía asumirse como una base válida para sentarse a negociar una transformación presupuestaria de mayor envergadura.
A pesar de estas posturas contrapuestas, las siete autoridades que respaldaron el pronunciamiento enfatizaron que el debate no puede paralizarse y demandaron ajustar el esquema fiscal a las funciones reales que asume cada región.
Compensación por prediarios y bono de vacunación
En el texto conjunto, las autoridades departamentales instaron a conformar un esquema de distribución sustentado en parámetros de justicia, proporcionalidad y equidad, enfocado en que los ingresos respondan a la carga de obligaciones vigentes.
Paralelamente, los gobernadores incorporaron a la agenda económica el reclamo para que el nivel central reconozca y restituya los recursos propios que los departamentos erogaron para cubrir los prediarios en los centros penitenciarios y el bono de vacunación.
Exhortan a formalizar una nueva mesa de trabajo
Para finalizar, instaron al Órgano Ejecutivo a convocar formalmente una nueva mesa técnica y política de concertación para revaluar la propuesta económica con apertura institucional en favor de los nueve departamentos.
El documento contó con la rúbrica de siete mandatarios seccionales. La declaración no lleva la firma de Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, ni de René Joaquino, gobernador de Potosí.
Con este escenario, la definición del 1% permanece a la espera de consensos, condicionada a la eventual convocatoria gubernamental y a la consideración de los reclamos financieros regionales. (Erbol)
