El Gobierno ratificó que aplicará descuentos salariales por los días no trabajados a los docentes que se sumen al paro nacional de 48 horas convocado para este lunes 9 y martes 10 de noviembre. El ministro de Trabajo, Williams José Bascopé, enfatizó que las jornadas no laboradas no serán remuneradas e instó a la dirigencia del Magisterio Urbano a reconsiderar la huelga y buscar una salida concertada mediante el diálogo con las autoridades.
La medida de presión fue confirmada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, entidad que llamó a sus bases en los nueve departamentos a protagonizar marchas, concentraciones y diversas acciones de protesta. Los educadores se oponen al proyecto gubernamental que busca descentralizar la gestión de los institutos técnicos y tecnológicos, pues consideran que dichos cambios podrían generar complicaciones en el funcionamiento de estos centros de formación.
Esta advertencia gubernamental se da en un escenario de marcadas discrepancias sobre los alcances de la reforma educativa. Mientras el Órgano Ejecutivo defiende una mayor intervención de las gobernaciones en la formación técnica, los dirigentes del magisterio demandan la anulación definitiva de la iniciativa y cuestionan las condiciones para su implementación.
El debate por la descentralización
El eje de la discordia se concentra en el traspaso de competencias hacia los gobiernos departamentales. En la actualidad, las gobernaciones se encargan de la infraestructura, el equipamiento y los gastos operativos de estos recintos formativos.
La propuesta oficial pretende extender estas atribuciones al manejo del personal docente y administrativo, lo que facultaría a las administraciones departamentales para intervenir en los procesos de contratación y gestión de los trabajadores del área.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, esta modificación permitiría adaptar la oferta de carreras técnicas a la realidad económica, productiva y laboral de cada región, respondiendo a las particularidades departamentales.
No obstante, el Magisterio Urbano sostiene sus reparos y advierte sobre los riesgos de derivar estas responsabilidades a las gobernaciones sin suficientes garantías financieras ni administrativas.
Garantía de recursos para haberes
Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, puntualizó que la transferencia competencial dispondrá de recursos asignados por el Tesoro General de la Nación (TGN), destinados con exclusividad al pago de sueldos del personal de los institutos.
Según precisaron las autoridades, dichos montos no podrán ser desviados a otras partidas de las gobernaciones, buscando disipar los temores sobre la sostenibilidad económica de estos establecimientos.
Asimismo, el Gobierno argumenta que la medida agilizará la tramitación y firma de títulos profesionales en cada departamento, reduciendo los tiempos de espera y la dependencia burocrática del nivel central.
Desde el Ejecutivo aseguraron que la iniciativa no implica la privatización de la enseñanza fiscal ni la entrega total de las unidades educativas a las gobernaciones, ya que su ámbito se limita a los institutos técnicos y tecnológicos.
El magisterio insiste en frenar la medida
En contraposición, los educadores expresan dudas sobre la solvencia institucional de las gobernaciones para asumir estas tareas y exigen salvaguardas que precautelen la estabilidad laboral del sector y el normal desenvolvimiento de las actividades académicas.
Bajo esos argumentos, la Confederación ratificó las movilizaciones en todo el territorio nacional, exigiendo el retiro de la propuesta.
El paro de 48 horas reabre la discusión sobre el modelo administrativo de la educación técnica en Bolivia y la coordinación entre los niveles de gobierno. Entretanto, el Ministerio de Trabajo insistió en que se descontará el salario a quienes no asistan a sus puestos laborales durante las jornadas de protesta.
