El Órgano Ejecutivo determinó la disolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y dará paso a la creación de una nueva institución que asumirá la tarea de regular y fiscalizar el sector de los carburantes en el país. La disposición fue dada a conocer por el Ministerio de Hidrocarburos, cartera que fundamentó el cambio tras identificar problemas en el desempeño de la actual entidad supervisora del abastecimiento y venta de combustibles.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que el cierre de la ANH responde a la detección de irregularidades internas, así como a la falta de efectividad en las tareas de control. Conforme a la autoridad, las debilidades del ente regulador salieron a relucir principalmente en la atención de denuncias vinculadas al acopio ilícito y al contrabando de diésel.
Blanco remarcó que la ausencia de procesos legales oportunos ante estos hechos evidencia fallas de orden estructural en el sistema de supervisión. Ante este panorama, el Ejecutivo definió aplicar una reestructuración integral del control hidrocarburífero y proceder al cambio del personal asignado a las labores fiscalizadoras.
La determinación se formalizará mediante un decreto supremo que se prevé emitir en las próximas jornadas, según informó la cartera del área. Dicha norma fijará las pautas para extinguir la ANH e inaugurará el funcionamiento del nuevo organismo regulador.
La entidad venidera ejercerá competencias de fiscalización hidrocarburífera en el marco de la Constitución Política del Estado. Si bien asumirá funciones semejantes a las que desempeña la ANH, el Gobierno apunta a un modelo operativo renovado, con mecanismos de supervisión distintos y una estructura reorganizada.
Asimismo, la decisión busca afinar la vigilancia en toda la cadena de comercialización, desde el despacho inicial de los combustibles hasta su entrega en los surtidores y usuarios finales, con el objetivo de frenar el desvío de producto hacia actividades ilícitas.
Entre los principales problemas remarcados por las autoridades figura el contrabando de diésel, que desvía recursos destinados al consumo interno y perjudica el abastecimiento, además del acopio irregular al margen de las vías autorizadas.
El plan gubernamental contempla también la sustitución completa del equipo humano encargado de la fiscalización, para instaurar nuevos protocolos y funciones técnicas.
Una vez que el decreto supremo sea promulgado, se definirán las atribuciones específicas, la estructura operativa y las tareas del personal, además de establecer el periodo de transición entre la ANH y la nueva entidad que tomará el mando del control de hidrocarburos en el territorio boliviano. (La Prensa)