Representantes del Gobierno nacional y de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) sostendrán una reunión el próximo 28 de agosto con el fin de examinar diversos requerimientos de los gobiernos locales y definir una agenda operativa conjunta. La cita se llevará a cabo en dependencias del Ministerio de la Presidencia con la concurrencia de autoridades del Ejecutivo, delegados de la FAM y alcaldes de las ciudades capitales.
El temario principal incluye el debate en torno a la propuesta del 50-50 para el reparto de los recursos públicos, el porcentaje correspondiente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) —con foco en el 12%—, el proyecto de ley de inversiones y la coyuntura financiera de los municipios. De igual forma, se evaluarán las competencias ejercidas en la actualidad y aquellas que podrían ser objeto de redistribución.
El titular de la FAM, Johnny Torres, manifestó que los municipios pretenden concertar con el nivel central salidas que eleven sus ingresos y afiancen su capacidad operativa. Remarcó que la reunión servirá para exponer las dificultades de los gobiernos ediles y procurar respuestas a favor de las distintas regiones.
Respecto al denominado 50-50, los municipios plantean replantear el esquema vigente de transferencias fiscales para disponer de mayores fondos destinados a atender a sus poblaciones. Sobre el 12% del IDH, el sector procura identificar alternativas de asignación que aseguren el sostenimiento de servicios y obras bajo su tuición.
Torres consideró que la conversación no debe ceñirse únicamente a la asignación presupuestaria, sino integrar la revisión del marco competencial entre el Estado central y los municipios.
En relación a la ley de inversiones, la FAM respaldó el ingreso de capitales privados como vía para financiar obras que hoy recaen mayoritariamente en las arcas públicas. Torres citó como ejemplo la posibilidad de acudir a asociaciones público-privadas para proyectos de tratamiento de residuos sólidos, además de atender demandas en carreteras, pavimento y alumbrado público, áreas donde los recursos suelen ser insuficientes.
El dirigente subrayó además que la atracción de capitales y el impulso exportador son determinantes para que el país capte divisas, señalando que sin dinamismo económico será complejo superar las tensiones financieras actuales.
El pasivo de las alcaldías también formará parte del diálogo, en especial la preocupación por los débitos automáticos. Torres puntualizó que los municipios no buscan eludir sus compromisos económicos, sino gestionar esquemas de refinanciamiento que amplíen los plazos y aminoren el peso de las cuotas sobre las finanzas ediles, permitiendo la continuidad de los servicios.
Asimismo, el representante municipal valoró la aprobación de la disposición adicional al Presupuesto General del Estado que viabilizó la transferencia de recursos para respaldar las obligaciones de las comunas hasta el 31 de diciembre.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, resaltó la relevancia del acercamiento y señaló que la administración del presidente Rodrigo Paz busca estrechar la coordinación con los gobiernos locales para encarar problemas institucionales y económicos. Afirmó que el objetivo es llegar a acuerdos efectivos en el marco de una democracia resolutiva.
Aramayo añadió que la ley de inversiones debe generar la certidumbre indispensable para movilizar capital nacional y extranjero, lo que podría derivar en empleo y obras. En cuanto a la propuesta del 50-50, expuso que la discusión debe trascender el factor numérico y comprender las políticas sectoriales y el alcance de las responsabilidades municipales en ámbitos como salud, educación, servicios básicos y desarrollo productivo.
La cita del 28 de agosto buscará consensuar una ruta programática entre ministros, personal técnico gubernamental y la representación de los municipios para evaluar las dificultades financieras, la distribución fiscal y el reparto de competencias entre niveles de gobierno.