La Fundación Jubileo calificó como necesario el ajuste en el precio del diésel dispuesto por el Gobierno nacional, argumentando que Bolivia sostuvo durante cerca de 20 años un esquema de subvenciones que dejó de alinearse con las condiciones reales del mercado. No obstante, la entidad remarcó que esta determinación tiene que complementarse con medidas orientadas a resguardar a los sectores más vulnerables.
Raúl Velásquez, analista de hidrocarburos y energía de la institución, detalló que a lo largo de dos décadas el país operó con tarifas que no reflejaban los costos verdaderos del combustible, lo que derivó en distorsiones en el sistema de precios. Asimismo, advirtió que cualquier variación en el valor del diésel incidirá sobre diversas actividades productivas.
La postura institucional surge a raíz de la promulgación del Decreto Supremo 5676, mediante el cual el Órgano Ejecutivo fijó un Precio Referencial Inicial de 18 bolivianos por litro para Clientes Directos y Grandes Consumidores (GRACOS). Para el resto de los usuarios, la tarifa continúa en 9,80 bolivianos por litro.
El propósito central de la medida apunta a mitigar la carga fiscal provocada por la importación de diésel, un subsidio que en los últimos años representó un gasto considerable para las arcas estatales por la brecha existente entre los costos de compra externa y los precios del mercado interno.
Al respecto, Velásquez manifestó que la medida no debe evaluarse solo desde el costo del carburante, pues sus efectos colaterales pueden trasladarse a bienes y servicios. Dado que el encarecimiento del diésel puede golpear a rubros que dependen del transporte y la maquinaria pesada, consideró imprescindible blindar la iniciativa con políticas de protección social.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que la disposición no debería generar un impacto relevante en la canasta familiar, ya que está enfocada principalmente en los grandes consumidores, señalando que abarca a quienes superan los 120 litros por mes.
Desde el Gobierno se argumentó que los usuarios de este segmento ya adquirían el carburante a costos superiores a los del público general, situándose entre 19 y 25 bolivianos por litro, motivo por el cual el Ejecutivo estima que este precio referencial no provocará el impacto de un alza indiscriminada.
Frente a esto, Jubileo insistió en que el reajuste debe articularse con una política social focalizada para blindar a los hogares de menores ingresos, considerando la situación económica de la ciudadanía.
Velásquez también demandó elevar la calidad del combustible y robustecer la fiscalización a lo largo de toda la cadena operativa, desde su importación hasta la venta final, a fin de evitar irregularidades y asegurar un suministro adecuado.
En esa línea, la Fundación planteó la urgencia de fortalecer la institucionalidad del área mediante una nueva Ley de Hidrocarburos que garantice reglas claras y optimice el control del Estado, junto al cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas de los carburantes comercializados.
Entre sus propuestas alternativas, se sugiere focalizar el beneficio a través de un registro social que canalice los recursos hacia los sectores verdaderamente necesitados. Para el transporte público, Velásquez sugirió evaluar un respaldo directo que impida el traspaso inmediato de los mayores costos a los usuarios.
La entidad alertó además que los precios distorsionados fomentan la proliferación de mercados paralelos y el contrabando de carburantes, por lo que urgió a mantener un equilibrio entre el ahorro fiscal, la garantía del abastecimiento interno y el resguardo de la población más necesitada.