El Ministerio Público admitió una denuncia penal contra la exministra Teresa Morales y otras exautoridades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), debido a presuntas irregularidades registradas durante su gestión en esa entidad. Uno de los puntos centrales observados refiere a la supuesta falta de respuesta a 65 solicitudes de información remitidas por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, extremo que ahora deberá ser indagado para verificar posibles incumplimientos y responsabilidades.
La aceptación de la causa fue comunicada por el Ministerio de la Presidencia mediante sus redes sociales. Conforme a estos datos, las pesquisas apuntan a dilucidar posibles anomalías en el manejo de la entidad que analiza operaciones financieras sospechosas, además del presunto uso indebido de sus atribuciones.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, manifestó que uno de los detonantes de la acusación radica en el conjunto de requerimientos que no habrían sido contestados por la UIF. Detalló que se contabilizaron 65 solicitudes de información que quedaron sin atención, a pesar de que estaban vinculadas con tareas de fiscalización y combate contra la corrupción.
García sostuvo que la magnitud de los casos observados obliga a transparentar las causas por las que no se remitió la información. Señaló que no se trataba de unos pocos trámites, sino de decenas de requerimientos que no recibieron contestación, según la revisión documental efectuada por su despacho.
Las indagaciones deberán establecer si estas omisiones respondieron a inconvenientes administrativos, a disposiciones de los responsables o a otros factores con eventual relevancia jurídica. Del mismo modo, se prevé determinar las fechas de presentación, el tenor de los datos requeridos y los deberes institucionales que correspondían.
Teresa Morales encabezó la UIF desde el 19 de marzo de 2018 hasta los sucesos de la crisis política de 2019. Con anterioridad, ejerció el cargo de ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural en la administración del expresidente Evo Morales.
El viceministro García acotó que la denuncia también abarca sospechas respecto a una presunta instrumentalización de la entidad para fines económicos o políticos. Con base en las observaciones del viceministerio, entre los procesos que deben revisarse figuran personas que contarían con influencia política o económica, aseveraciones que formarán parte de los elementos a contrastar en la etapa fiscal.
La UIF tiene la labor clave de analizar operaciones con características sospechosas y emitir informes a las instancias pertinentes para que determinen si cabe abrir otras acciones. Ante ello, la supuesta falta de respuesta a los requerimientos resulta central en la investigación, en la que se evaluará la pertinencia legal de los pedidos, la obligación de contestarlos y las razones de las presuntas omisiones.
La Fiscalía también deberá indagar la competencia y el alcance de las decisiones de las exautoridades sindicadas, identificando a los funcionarios a cargo de las unidades operativas y los procedimientos aplicados.
El inicio de estas pesquisas no implica la acreditación de delitos. Corresponderá a los fiscales recolectar pruebas, revisar la documentación de la UIF, recibir testimonios y contrastar descargos. Por su parte, los involucrados contarán con las garantías correspondientes para ejercer su derecho a la defensa dentro del marco legal.
Al presente, el punto clave radica en verificar las causas por las que los 65 requerimientos citados por Transparencia no habrían tenido respuesta y si aquello se vincula con las presuntas irregularidades operativas denunciadas. (La Razón)
