La investigación sobre la presunta desaparición de maletas vinculadas al inmueble donde fue capturado el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset continúa generando repercusiones dentro de la Policía Boliviana. El capitán Guillermo Ruiz fue enviado a detención preventiva por seis meses, por determinación del juez 12.º de Instrucción Anticorrupción, mientras el Ministerio Público profundiza las pesquisas para esclarecer el destino del equipaje y establecer las responsabilidades que pudieran existir en este caso.
La decisión judicial se produjo después de que Ruiz fuera aprehendido en Sucre y posteriormente trasladado a La Paz para responder por su presunta participación en los hechos investigados. Como parte de la determinación, el uniformado deberá permanecer en el penal de Qalauma, ubicado en el municipio de Viacha, durante el periodo establecido por la autoridad judicial, mientras avanzan las actuaciones fiscales.
Durante la audiencia, el juez hizo referencia a una posible afectación económica que alcanzaría aproximadamente los cuatro millones de dólares. Según explicó, ese monto estaría relacionado con dinero y objetos que presuntamente habrían sido retirados en una camioneta y mediante las maletas investigadas. No obstante, el paradero del equipaje continúa sin esclarecerse y las circunstancias en las que se habría producido su traslado todavía deben ser verificadas.
Uno de los principales objetivos de la investigación es reconstruir lo ocurrido después de la captura de Marset y determinar quiénes tuvieron acceso al inmueble, quiénes participaron en el traslado de los objetos y qué instrucciones recibieron los funcionarios involucrados. Para ello, los investigadores deberán contrastar las declaraciones de los sindicados con los registros disponibles y otros elementos que puedan contribuir a establecer la secuencia de los hechos.
El caso adquirió mayor relevancia este miércoles, luego de que la Fiscalía informara sobre el hallazgo de cuatro maletas vacías en instalaciones utilizadas por el Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT), en la ciudad de La Paz. Los objetos fueron encontrados en un ambiente que funcionaba como gimnasio y almacén, situación que motivó nuevas verificaciones para establecer si guardan relación con el equipaje presuntamente retirado del inmueble vinculado al caso Marset.
Aunque el descubrimiento representa un elemento relevante para las pesquisas, todavía no existe una confirmación definitiva de que las cuatro maletas correspondan a las que se buscan. El Ministerio Público deberá realizar las diligencias necesarias para establecer su procedencia, determinar si coinciden con las características del equipaje investigado y verificar cómo llegaron hasta ese ambiente policial.
La ausencia de contenido en las maletas también plantea interrogantes sobre lo que pudo haber ocurrido durante su traslado y almacenamiento. Sin embargo, el hecho de que hayan sido encontradas vacías no permite establecer por sí solo qué contenían originalmente, quién habría retirado los objetos de su interior ni si existía dinero u otros bienes en ellas. Esos aspectos deberán ser aclarados mediante pruebas y declaraciones incorporadas al proceso.
En medio de las investigaciones, la abogada defensora de Ruiz, Zuleika Lanza, manifestó que su cliente habría actuado siguiendo instrucciones de sus superiores cuando desempeñaba funciones como ayudante de apoyo del entonces coronel Óscar Moreno. Con ese argumento, la defensa busca establecer el contexto en el que el capitán habría intervenido y sostiene que sus actuaciones estuvieron relacionadas con órdenes recibidas durante el cumplimiento de sus funciones.
La posición de la defensa deberá ser contrastada con los elementos de convicción reunidos por la Fiscalía, que busca establecer el grado de participación de cada uno de los investigados. La determinación de responsabilidades dependerá de las pruebas que se presenten durante el proceso, así como de la valoración que realicen las autoridades judiciales sobre las actuaciones atribuidas a cada funcionario.
Además de Ruiz, el caso involucra a otros integrantes de la Policía Boliviana. Entre ellos figura el teniente coronel Marcelo Ferrufino, quien también se encuentra con detención preventiva, mientras que los coroneles Óscar Moreno y Erick Correa son investigados dentro de la misma causa. La situación procesal de cada uno responde a las actuaciones judiciales correspondientes, y su eventual responsabilidad deberá establecerse conforme avance la investigación.
La participación de varios funcionarios policiales ha puesto el foco en los procedimientos que se siguieron después de la captura de Marset y en el manejo de los objetos que habrían sido retirados del inmueble. Los investigadores deberán determinar si existieron instrucciones específicas, cómo se efectuó el traslado del equipaje y qué personas intervinieron en las distintas etapas de ese recorrido.
Otro aspecto que deberá esclarecerse es la posible relación entre el dinero mencionado durante la audiencia y las maletas que fueron encontradas en dependencias del GEAT. Hasta el momento, los datos proporcionados por las autoridades no permiten afirmar que el monto señalado haya sido recuperado ni que las cuatro maletas vacías contuvieran originalmente esa suma. Por ello, la Fiscalía tendrá que establecer si existe una conexión verificable entre ambos elementos.
El avance de las diligencias también será importante para determinar si hubo irregularidades en el cumplimiento de las funciones policiales o si las acciones atribuidas a los investigados se produjeron bajo instrucciones de otros mandos. Para esclarecer estos puntos, será necesario reconstruir los hechos con base en información comprobable y establecer las circunstancias específicas en las que cada funcionario habría intervenido.
La detención preventiva de Ruiz no constituye una declaración de culpabilidad, sino una medida cautelar dispuesta dentro del proceso. Durante los seis meses establecidos, la investigación deberá continuar con la recolección y el análisis de pruebas, además de las actuaciones destinadas a precisar el destino de las maletas y la posible existencia de otros bienes relacionados con el caso.
Mientras tanto, el hallazgo de cuatro maletas vacías en instalaciones policiales abre una nueva línea de verificación para el Ministerio Público. La identificación de los objetos, la determinación de su procedencia y la reconstrucción de los movimientos que realizaron podrían aportar información para esclarecer lo ocurrido.
El caso permanece abierto y todavía existen interrogantes sobre el destino del equipaje y la posible participación de los funcionarios investigados. La Fiscalía tendrá la responsabilidad de reunir elementos suficientes para establecer los hechos, mientras que las autoridades judiciales deberán valorar las pruebas y determinar las responsabilidades que correspondan de acuerdo con la ley.
