La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su respaldo institucional al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego de la controversia provocada por las medidas migratorias impuestas por Estados Unidos y las acusaciones emitidas en contra de la autoridad boliviana.
Mediante un pronunciamiento público, la principal organización sindical del país aseveró que cualquier situación vinculada con autoridades nacionales tiene que ser tratada a través de las instituciones bolivianas, respetando el marco de la Constitución y las leyes vigentes.
El posicionamiento del ente matriz de los trabajadores surgió un día después de que Washington incorporara a Mariaca en su lista de restricciones de ingreso a suelo estadounidense, fundamentando la disposición en acusaciones de presunta corrupción vinculada a la protección del narcotráfico.
Ante este panorama, la COB manifestó que el Ministerio Público debe ejercer sus labores con imparcialidad e independencia, sujeto a la normativa nacional. Asimismo, remarcó la importancia del principio de soberanía y demandó resolver los temas internos en fueros bolivianos, exhortando a resguardar la unidad, la institucionalidad democrática y la paz social.
El caso genera debate político
La manifestación de apoyo de la organización de trabajadores se produce en medio de una discusión creciente sobre los efectos que acarrean los señalamientos de Estados Unidos contra la máxima autoridad del Ministerio Público.
En respuesta a los hechos, el Gobierno boliviano anticipó que requerirá a las autoridades estadounidenses información complementaria y los elementos de respaldo de sus acusaciones. Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, catalogó los señalamientos de graves e indicó que se abordarán en las instancias pertinentes.
Mariaca rechazó de forma categórica las acusaciones formuladas por el gobierno norteamericano y reprochó la determinación asumida en torno a su visa.
En el ámbito legal, analistas han indicado que la determinación de Washington es de índole migratoria y administrativa, lo que no equivale a una sanción penal o procesal en Bolivia ni condiciona de manera automática la permanencia del fiscal en su puesto.
A la espera del avance de las indagaciones e intercambios oficiales, la COB reiteró su apoyo a Mariaca e insistió en que cualquier acción o proceso contra representantes del Estado se canalice por los procedimientos institucionales del país. (Erbol)