El expresidente Jorge Tuto Quiroga solicitó al Gobierno de Chile esclarecer las denuncias vinculadas a cargamentos de madera boliviana retenidos en dicho país y constatar, a través de análisis técnicos independientes, si existieron sustancias controladas en los cargamentos exportados. El dirigente de Libre indicó que, en caso de verificarse irregularidades durante el procedimiento, Bolivia tendría que exigir responsabilidades y una reparación económica.
Quiroga formuló esta postura este lunes en una rueda de prensa junto a dirigentes del rubro maderero y exportador. En la ocasión, observó los procedimientos y resultados de las indagaciones chilenas y pidió al presidente José Antonio Kast revisar el caso.
El exjefe de Estado manifestó que se debe precisar qué sucedió con los cargamentos y las muestras analizadas. Explicó que no busca asumir atribuciones judiciales, pero remarcó que las entidades competentes deben certificar si realmente se halló droga en los productos despachados desde territorio boliviano.
La controversia comenzó el 8 de junio, fecha en que las autoridades de Chile informaron sobre el hallazgo de sustancias ilícitas en cargamentos madereros procedentes de Bolivia. En aquel momento, el Gobierno chileno reportó una intervención coordinada entre la Fiscalía, Aduanas y la Armada, bajo una versión oficial que apuntaba a más de 1.000 toneladas de madera vinculadas con resultados positivos para narcóticos.
Por su parte, los exportadores bolivianos objetaron desde un inicio esas pruebas. En agosto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que pasaron meses sin que la Fiscalía de Chile remitiera un informe científico que respaldara la presencia de sustancias controladas en las cargas retenidas.
Frente a este escenario, las empresas perjudicadas contrataron especialistas extranjeros. Quiroga expuso informes redactados por James Craig Kuykendall, exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y Scott Oulton, químico forense.
Según lo detallado por el exmandatario, ambos peritajes contienen reparos sobre las evaluaciones hechas en Chile, advirtiendo discrepancias en los resultados de muestras que corresponderían al mismo lote.
Asimismo, Quiroga cuestionó la idoneidad y certificación del laboratorio del Instituto de Salud Pública de Chile para ejecutar exámenes de narcóticos, por lo que demandó una revisión técnica que verifique la validez de los análisis y la cadena de custodia desde la toma de muestras.
El dirigente político recalcó la urgencia de sostener las acusaciones con evidencia científica antes de definir culpabilidades. Advirtió que, de demostrarse fallas graves en los procedimientos, Chile deberá asumir las consecuencias.
Exportadores reportan pérdidas
El conflicto mantiene en alerta al sector maderero por la inmovilización de contenedores y los perjuicios en el normal desarrollo de sus operaciones.
Osvaldo Barriga, titular de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), comunicó que más de 45 contenedores continúan retenidos e indicó que evalúan recurrir a instancias internacionales para canalizar sus quejas.
Los empresarios solicitan la inmediata liberación de los cargamentos y la determinación de responsabilidades por el daño económico derivado del freno a sus envíos.
Por su lado, Walter Ríos, vocero de la Cámara Forestal Boliviana, indicó que el rubro genera empleo para cerca de 200.000 personas y calculó que el conflicto provocó la pérdida de aproximadamente 20.000 puestos laborales directos. A su vez, estimó perjuicios cercanos a los 10 millones de dólares por las cargas paralizadas y otros 16 millones de dólares por exportaciones no concretadas hasta junio.
Los efectos alcanzaron también a otros departamentos. El presidente de la Cámara de Exportadores de La Paz, Mario Rojas, afirmó que 23 empresas sufrieron perjuicios y que varias debieron reducir su plantilla laboral a causa de la parálisis comercial.
Debido a esta coyuntura, los gremios plantearon la urgencia de aminorar la dependencia de los puertos chilenos, sugiriendo alternativas por Perú, las hidrovías y el océano Atlántico.
Pedido de reparación
Quiroga subrayó que cualquier exigencia de compensación económica deberá fundamentarse en auditorías, peritajes y contraanálisis técnicos que certifiquen el perjuicio real.
Planteó que, de ratificarse irregularidades o fallas en la actuación chilena, el Estado boliviano debería gestionar reclamos no solo por los daños comerciales directos, sino por el perjuicio a la imagen de las exportaciones del país.
En sus declaraciones, mencionó una eventual indemnización que podría alcanzar hasta 10 dígitos en dólares, condicionada a que las investigaciones y auditorías corroboren las falencias denunciadas.
Quiroga solicitó además una resolución pronta del conflicto ante la visita de delegaciones chilenas prevista para octubre, esperando avances concluyentes sobre la situación de los cargamentos y los análisis.
Entretanto, se mantienen las discrepancias: Chile sostiene la versión reportada en junio sobre la detección de narcóticos, mientras que el gremio boliviano insiste en demandar pruebas científicas definitivas.