La Sala Constitucional Tercera de El Alto, observada previamente por el Senado debido a una presunta afectación al funcionamiento de la Asamblea Legislativa, tiene previsto pronunciarse este lunes sobre la acción de amparo interpuesta por el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza. El recurso busca invalidar la censura aprobada en su ausencia y posibilitar su restitución en el cargo.
El caso reabre el debate en torno a los límites de las determinaciones judiciales frente a las potestades del Órgano Legislativo. Dicha instancia judicial, que ahora debe evaluar la causa de Espinoza, fue objeto de cuestionamientos meses atrás por parte de la Cámara de Senadores tras emitir una resolución que suspendió una interpelación parlamentaria.
El antecedente data del 30 de abril de 2026, fecha en que el Senado aprobó la Resolución Camaral N° 0267/2025-2026. En dicho documento, acusó a la Sala Constitucional Tercera de El Alto de haber sobrepasado sus atribuciones al instruir la suspensión de una interpelación al entonces ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.
De acuerdo con la postura del Senado, la decisión judicial habría interferido en las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ocasionando un daño institucional. Los legisladores argumentaron que una determinación jurisdiccional no podía supeditar el rol fiscalizador del Parlamento.
En esa ocasión, la Cámara Alta advirtió que la resolución judicial alteró el equilibrio funcional entre los poderes públicos y que podía comprometer la soberanía popular representada en los asambleístas, motivo por el cual remarcó la exigencia de fijar responsabilidades y salvaguardar el orden institucional.
Una denuncia penal que sigue en la mira
El conflicto derivó en acciones legales. En abril, el Senado comunicó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público contra los vocales Ricardo Guisbely Limachi y Grover Jhonn Cori Paz, miembros de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La demanda fue interpuesta por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, tipificados en los artículos 153, 154 y 173 del Código Penal.
A la fecha, según los registros expuestos por la Cámara de Senadores, no se ha informado públicamente si la denuncia condujo a la apertura formal de una causa penal contra los magistrados. Dicho escenario añade tensión a la nueva causa en manos del mismo tribunal.
Ahora, los vocales deben revisar la impugnación de Espinoza, quien objeta el procedimiento que concluyó con su salida del Ministerio de Economía.
Espinoza objeta el quórum de la votación
El exministro afirma que la Asamblea Legislativa no podía proceder a la censura en su ausencia y que, además, la cantidad de votos recabados no habría alcanzado el requerimiento constitucional.
La censura se consumó el martes 18 de agosto, tras varias convocatorias y aplazamientos del acto de interpelación. Espinoza señaló que había pedido postergar la sesión por razones vinculadas al ejercicio de sus funciones, solicitud que no habría sido considerada.
Bajo la interpretación del exministro, para sancionar una censura con efectos plenos se demandaba una mayoría de 111 sufragios sobre los 166 asambleístas. Sin embargo, en el pleno se registraron 91 votos a favor.
Espinoza fundamenta que existió una diferencia de 20 votos respecto al número que juzga indispensable para la validez de la medida. Con esta base, pretende que la justicia constitucional anule la resolución del Legislativo y disponga su reincorporación.
La audiencia de amparo deberá evaluar si se respetaron las debidas garantías constitucionales en el procedimiento interpelatorio, si correspondía votar sin la presencia de la autoridad y si el resultado numérico reunía las condiciones exigidas por la normativa.
Un veredicto con impacto institucional
El fallo de la Sala Constitucional Tercera cobra alta relevancia por los antecedentes de fricción con el Senado, instancia que ya cuestionó a ambos juzgadores en un caso similar sobre control legislativo a ministros.
La situación reactiva la confrontación competencial. Mientras en abril el Senado defendió la autonomía de sus procedimientos parlamentarios, Espinoza recurre ahora al ámbito constitucional para impugnar un acto legislativo.
El veredicto de la Sala determinará si la censura sigue vigente o si debe quedar sin efecto. En caso de otorgarse la tutela a favor del exministro, podría suscitarse un nuevo contexto jurídico y político respecto a su eventual regreso a la función pública.
La controversia surge en una coyuntura marcada por disputas previas entre autoridades parlamentarias y judiciales sobre los alcances de las tutelas en materias de fiscalización.
Por ello, la determinación de este lunes no solo incidirá en la situación de Espinoza, sino que también podría reabrir el debate acerca de la separación de poderes y los márgenes de intervención de la justicia ordinaria en las deliberaciones de la Asamblea Legislativa.
Asimismo, continúa pendiente la resolución de la denuncia que el Senado anunció en abril contra los vocales de la sala, aspecto cuya evolución procesal no ha sido precisada y que rodea la definición de este nuevo amparo.
El fallo final será evaluado tanto por sus consecuencias directas para Espinoza como por el precedente que siente para futuros actos de fiscalización, censura y relaciones entre el Órgano Legislativo y el control constitucional. (Erbol)