El secretario de Seguridad Ciudadana de El Alto, Elio Pacheco, con el respaldo de la diputada Cathy Pinto, presentó un proyecto de ley enfocado en aplicar la pérdida de dominio sobre inmuebles, automóviles y motocicletas empleados en la comisión de delitos de alto impacto. La propuesta estipula que dichos bienes pasen a propiedad del Estado y sean subastados en un plazo de 60 días, tras la culminación de los procesos judiciales respectivos.
La intención central de la norma es frenar la devolución de bienes presuntamente utilizados en ilícitos a sus propietarios para evitar su reincidencia en actividades criminales. El documento contempla hechos como secuestros, sicariato, agresiones sexuales, asaltos a viviendas y robo de carteras, escenarios donde se recurre habitualmente a vehículos particulares, minibuses o motocicletas.
Pacheco sostuvo que una de las metas fundamentales es erradicar la restitución de motorizados ligados a hechos delictivos luego de las etapas judiciales. Según el funcionario, este escenario genera inquietud debido a que facilita que estas herramientas continúen al servicio del crimen en perjuicio de la población.
Para graficar la situación, mencionó el caso de un minibús que, de acuerdo con sus declaraciones, habría sido utilizado en ocho oportunidades para agredir sexualmente a distintas mujeres y que posteriormente habría sido devuelto. Con este antecedente, argumentó la urgencia de fijar mecanismos que impidan que los recursos vinculados a delitos graves retornen a quienes podrían destinarlos nuevamente a acciones delictivas.
De igual forma, aludió a la reciente aprehensión de una banda de presuntos jaladores que operaba entre El Alto y La Paz. Pacheco manifestó su preocupación por la probabilidad de que los vehículos vinculados a estos grupos sean devueltos al concluir los trámites judiciales, situación que, según su criterio, podría fomentar la reiteración de delitos.
Bajo este marco, el proyecto de ley determina que los bienes comprendidos sean transferidos al Estado mediante las vías legales correspondientes, para luego proceder a su remate en un plazo de 60 días, evitando de esta manera su empleo continuado en ilícitos.
En cuanto a los fondos generados por las subastas, Pacheco indicó que lo recaudado se orientaría a fortalecer la seguridad ciudadana en los distintos departamentos del país. No obstante, durante el acto de presentación no se detallaron los esquemas específicos bajo los cuales se administrarán y distribuirán dichos montos.
La autoridad municipal remarcó que la iniciativa responde a la preocupación de la ciudadanía frente a la reincidencia delictiva y los tropiezos para impedir que determinados medios de transporte se reutilicen en el crimen. Asimismo, afirmó que la medida pretende respaldar las labores policiales y optimizar la prevención delictiva.
Respaldada por la diputada Cathy Pinto, la propuesta deberá someterse al trámite legislativo en el Parlamento. Durante la exposición pública no se puntualizaron los plazos para su tratamiento en comisiones ni el procedimiento legal específico que normará la pérdida de dominio y la posterior venta.
El debate se centra en el destino de los bienes empleados en delitos de alto impacto y las vías jurídicas idóneas para cortar su circuito de reutilización. Su eventual vigencia dependerá de la redacción final, las garantías para los titulares y las pautas judiciales que señalen cuándo procede la transferencia definitiva al Estado.
Actualmente, la iniciativa permanece como propuesta legal y no tiene vigencia inmediata. Para alcanzar rango de ley, requerirá el tratamiento, debate y aprobación correspondientes en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. (Erbol)
