El presidente argentino Javier Milei volvió a arremeter contra el movimiento feminista y la interrupción voluntaria del embarazo al abordar la baja en los índices de natalidad de su país. En una alocución pública en Buenos Aires, durante el encuentro del Council of the Americas, el mandatario afirmó que la merma de nacimientos conlleva repercusiones más allá de lo social, con un impacto directo en la economía, el mercado de trabajo y el sistema previsional.
En su exposición sobre el panorama económico y demográfico de Argentina, Milei responsabilizó a las normativas de aborto legal y a los reclamos feministas por una parte de la baja de alumbramientos en los últimos años. Mantuvo un tono marcadamente crítico frente a los sectores que promovieron la legalización de esta práctica, asegurando que tales medidas profundizaron el problema poblacional.
El mandatario advirtió que Argentina no alcanza un ritmo de crecimiento poblacional suficiente para asegurar el relevo generacional. Desde su óptica, esta dinámica podría provocar dificultades futuras ante la disminución de personas en edad laboral y una mayor exigencia financiera para mantener al sector jubilado, lo que a su vez comprometería la disponibilidad de capital humano y la sostenibilidad de los servicios públicos.
El país vecino experimenta una reducción continua de su tasa de fecundidad, situando el promedio de hijos por mujer en mínimos históricos y entre los más bajos de América Latina. Cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas ubican la tasa argentina en torno a 1,2 hijos por mujer, aunque el organismo atribuye el fenómeno a condicionantes socioeconómicos: el estado del mercado laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y la carga de los cuidados familiares.
Este diagnóstico técnico difiere del criterio de Milei. Mientras el gobernante enfatiza el papel del feminismo y la ley del aborto, los expertos en demografía sostienen que el descenso obedece a factores múltiples ligados al desarrollo de los proyectos de vida y familiares.
La tendencia a la baja no es aislada ni exclusiva de Argentina, pues diversos países de la región y del mundo enfrentan retrocesos similares debido a transformaciones culturales, mayor inserción laboral de las mujeres y vaivenes económicos. No obstante, el debate adquiere tintes políticos en el país vecino por la postura del Ejecutivo actual.
La interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en Argentina en 2020, permitiendo el procedimiento hasta la semana 14 de gestación y estableciendo excepciones posteriores ante riesgos para la vida o la salud de la gestante, o en casos de violación. La fuerza oficialista La Libertad Avanza presentó en febrero de 2024 un proyecto para intentar derogar dicho marco legal, en sintonía con discursos previos de Milei, como el brindado en enero de ese año en el Foro Económico Mundial de Davos.
Especialistas advierten que la tasa de 1,2 hijos por mujer representa un reto mayúsculo que puede alterar la estructura poblacional e incrementar la presión sobre los esquemas de pensiones de reparto. Sin embargo, recalcan que la interrupción voluntaria del embarazo es solo uno de múltiples elementos y que el deterioro adquisitivo y la inflación también retrasan la decisión de tener hijos.