La distribución de carburantes en el país enfrenta una nueva complicación. Los transportistas de cisternas que brindan servicios a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinaron paralizar sus actividades a nivel nacional a partir del lunes 24 de agosto, como protesta ante la falta de pagos, las tarifas vigentes y sus condiciones laborales.
La medida fue acordada en un encuentro nacional del rubro con delegados de distintas regiones. La dirigencia afirmó que la ausencia de respuestas por parte de la petrolera estatal pone en riesgo la solvencia económica de las empresas transportistas si continúan operando bajo el esquema actual.
Sergio Kosky, presidente de la Federación de Cisterneros, detalló que el reclamo central radica en las deudas acumuladas por los fletes realizados para YPFB. De acuerdo con el dirigente, se arrastran facturas impagas desde marzo, lo que habría generado problemas de liquidez en las compañías encargadas del traslado de combustible.
Asimismo, el sector solicita modificaciones en los mecanismos de contratación, ajustes tarifarios y la instalación de mesas de trabajo orientadas a lograr convenios definitivos, tras meses de gestiones sin resultados satisfactorios.
Kosky remarcó que las dificultades van más allá de los retrasos administrativos, pues los ciclos operativos se han dilatado ampliamente. Según puntualizó, los choferes pueden aguardar cerca de dos semanas para cargar carburante y luego afrontar un lapso similar en el viaje y descargo, debiendo esperar después varios meses para percibir el cobro respectivo.
Esta combinación de demoras logísticas y pagos diferidos habría mermado de forma considerable los recursos de los transportistas, una situación que, advierten, no puede prolongarse sin repercutir en el abastecimiento.
De no mediar un acercamiento previo, la suspensión de actividades podría incidir en el flujo de combustibles hacia las estaciones de servicio, dado el rol clave de estos vehículos para conectar los centros de almacenaje con las regiones dependientes del transporte carretero.
El anuncio coincide con las quejas de la Cámara Boliviana del Transporte (CBT). Su presidente, Luis Añez, sostuvo que las recientes disposiciones gubernamentales no solucionaron la falta de carburante y que los transportistas siguen afrontando esperas de entre tres y cinco días en los surtidores para reabastecerse de diésel.
Añez apuntó que el decreto aprobado recientemente por el Ejecutivo no constituye una solución concluyente y que, por el contrario, habría suscitado incertidumbre en el gremio. Las demoras prolongadas encarecen los costos del transporte pesado, afectando el traslado interdepartamental de suministros, mercaderías y alimentos.
Frente a este escenario, la CBT plantea medidas más amplias que aseguren la oferta continua de carburantes, entre ellas la reducción o supresión de tributos ligados a la importación y comercialización de combustibles, promoviendo una mayor apertura a operadores privados.
Pese a ratificar la medida de presión para el lunes, la dirigencia de los cisterneros no descartó la vía del diálogo, sujeta a que YPFB y las autoridades presenten propuestas concretas para cancelar los adeudos y reformular las condiciones contractuales del servicio.