El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que el Órgano Ejecutivo mantiene en constante evaluación la ejecución de las órdenes de aprehensión vigentes contra el expresidente Evo Morales.
La autoridad gubernamental abordó este asunto durante la sesión legislativa en la que compareció junto al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, para fundamentar el pedido del Ejecutivo de ampliar el estado de excepción.
Frente a las preguntas de los asambleístas acerca del acatamiento de las disposiciones judiciales contra el líder cocalero, Justiniano afirmó que Morales será aprehendido, aunque prefirió no señalar cuándo se ejecutaría dicha acción.
“A Evo Morales se lo va a detener, pero no vamos a discutir por un tema de seguridad cuándo lo vamos a hacer; es un tema que está en evaluación constante”, manifestó el ministro durante su intervención.
En la actualidad pesan dos mandamientos de aprehensión sobre Morales en el marco de dos indagaciones independientes. Uno responde a una causa por presunta trata de personas, mientras que el otro se vincula con los bloqueos de caminos que se prolongaron por más de 50 días en diversos tramos del país.
Proceso por trata de personas
El primer mandamiento se desprende de un caso abierto en Tarija, donde el Ministerio Público imputó formalmente al exjefe de Estado en una investigación por presunta trata de personas.
Dicha causa se refiere a una supuesta relación que Morales habría sostenido con una menor de edad en la época en que ejercía la Presidencia, con quien además habría tenido un hijo.
Las acciones investigativas derivaron en el requerimiento de captura contra el expresidente, quien permanece en la región del Trópico de Cochabamba.
Investigación por los bloqueos
La segunda orden judicial se enmarca en las medidas de presión y cortes viales que persistieron por más de 50 días en el territorio nacional, interrumpiendo rutas estratégicas y perjudicando el tránsito comercial y de pasajeros.
Al ser cuestionado de forma puntual en el plenario sobre por qué aún no se procedió a dar cumplimiento a estas disposiciones judiciales, Justiniano explicó que las autoridades examinan de forma continua el escenario y las condiciones operativas, descartando brindar detalles sobre tiempos o mecanismos.
Este informe se brindó mientras la ALP analiza la propuesta del Gobierno para prolongar por 90 días adicionales el estado de excepción.
En medio de ese debate parlamentario, la situación jurídica de Evo Morales y su estadía en el Trópico de Cochabamba cobraron protagonismo. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha fijado una fecha pública para concretar los mandamientos de aprehensión y recalca que la determinación final depende de evaluaciones de seguridad. (Unitel)