El Órgano Ejecutivo defendió ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la solicitud para ampliar la vigencia del estado de excepción, alertando sobre la eventual reactivación de medidas de presión y bloqueos en distintos puntos de Bolivia a partir del 18 de septiembre.
La justificación técnica y operativa fue expuesta este miércoles por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el titular de Defensa, Ernesto Justiniano. Ambas autoridades explicaron que la petición gubernamental se fundamenta en 12 informes elaborados por instituciones de seguridad del Estado.
Oviedo remarcó que el propósito prioritario del Ejecutivo es prevenir que posibles cortes de ruta perjudiquen a la ciudadanía y generen desabastecimiento de insumos básicos, tales como alimentos, medicamentos y combustibles.
En el desglose documental, la autoridad especificó que ocho de los informes corresponden a la Policía Boliviana, dos al Ministerio de Gobierno, uno a las Fuerzas Armadas y uno al Ministerio de Defensa.
Según lo detallado ante los asambleístas, los reportes consignan factores de riesgo vigentes, entre ellos anuncios de movilizaciones, advertencias públicas y limitaciones operativas de las fuerzas del orden ante escenarios donde puedan estallar protestas simultáneas en el territorio nacional.
Asimismo, el ministro de Gobierno mencionó focos de conflictividad en zonas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sectores donde, de acuerdo con el Ejecutivo, podrían reanudarse las presiones una vez concluida la vigencia actual del estado de excepción.
Oviedo defendió que mantener la medida brindará herramientas para evitar impactos negativos sobre la población y la marcha de la economía.
Defensa destaca reducción de bloqueos
Por su parte, el ministro de Defensa recordó los más de 50 días de bloqueos ocurridos con anterioridad y argumentó que el estado de excepción coincidió con la disminución paulatina de cortes viales y la recuperación paulatina de la transitabilidad carretera.
Justiniano aclaró que este alivio en las rutas no obedeció únicamente a la disposición de excepción, sino también a la apertura de mesas de diálogo, acuerdos sectoriales y diversas determinaciones que favorecieron la circulación.
No obstante, el ministro remarcó que la reducción de bloqueos no implica la desaparición de las causas que podrían reactivar el conflicto.
Indicó que ciertas coyunturas podrían derivar nuevamente en protestas callejeras y perjudicar tanto a la sociedad civil como al personal encargado de velar por el orden y la seguridad pública.
Bajo ese panorama, Justiniano manifestó que el Ejecutivo busca mitigar el riesgo de confrontaciones, precautelando al mismo tiempo el derecho a la protesta pacífica sin lesionar los derechos del resto de los ciudadanos.
Gobierno establece niveles de riesgo
En el informe brindado al Legislativo, el Ministerio de Defensa presentó además un diagnóstico territorial sobre los niveles de riesgo en los departamentos del país.
Dicho reporte situó a Santa Cruz en nivel “muy alto”. Por su parte, La Paz, El Alto y Cochabamba quedaron categorizados en nivel “alto”, mientras que Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija ingresaron en el rango de “medio alto”.
En contraste, el departamento de Pando fue catalogado en nivel “bajo”.
Desde el Ejecutivo se subrayó que esta estratificación debe ser considerada por los legisladores en el tratamiento del pedido de ampliación.
Corresponderá ahora a la Asamblea Legislativa evaluar el requerimiento y resolver si autoriza o no la prórroga de la medida excepcional.
En tanto se aguarda una determinación parlamentaria, el Gobierno insiste en que persisten factores de tensión que podrían decantar en nuevas medidas de presión e interrumpir el tránsito de mercancías y personas en el país. (ABI)