El Gobierno nacional puso en marcha un proceso de evaluación sobre las empresas públicas del nivel central del Estado para resolver cuáles serán reorganizadas, disueltas o sometidas a liquidación.
La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado el jueves, que califica estas acciones como prioritarias para el Órgano Ejecutivo. La normativa subraya que ninguna determinación se aplicará de forma automática, debiendo sustentarse estrictamente en diagnósticos técnicos previos.
Dicha labor técnica corresponde a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). Sus informes deberán ser remitidos y evaluados por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP), entidad encargada de aprobar las recomendaciones pertinentes.
Plazos para definir el futuro de las estatales
Cuando el COSEEP apruebe un diagnóstico favorable a la reorganización de una empresa, el ministerio cabeza de sector dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles para evaluar el caso y gestionar las medidas operativas.
En los casos donde se proponga la disolución o liquidación, la cartera correspondiente contará con el mismo lapso de 15 días para remitir al Ministerio de la Presidencia el proyecto de decreto supremo o anteproyecto de ley respectivo, según el instrumento legal de origen de la entidad.
El decreto instruye además medidas preventivas inmediatas para aquellas firmas notificadas sobre un eventual proceso de liquidación o disolución. Estas restricciones incluyen la prohibición de asumir nuevas deudas, firmar contratos y contratar personal adicional.
Por el contrario, en aquellos casos sujetos a reorganización, las actividades productivas y de servicios no deberán interrumpirse durante el proceso.
Un diagnóstico sobre 67 empresas
La disposición tiene como sustento un estudio elaborado por la OFEP sobre 67 empresas públicas del nivel central. Aquel informe detectó a 20 compañías en situación crítica, aconsejando el análisis de alternativas sobre su continuidad.
Asimismo, la OFEP advirtió que diversas empresas estatales acumulan obligaciones impositivas que alcanzarían cerca de Bs 8.100 millones, a lo que se suman pasivos con entidades financieras, la Gestora y proveedores comerciales.
Este informe técnico se constituye en la base primordial para que el nivel central determine qué firmas requieren reestructurarse y cuáles podrían marchar hacia su cierre.
Las operaciones no se detendrán por una reorganización
El DS 5727 aclara que la eventual reorganización no implica frenar de inmediato el funcionamiento ordinario de una compañía. De forma paralela, las acciones legales orientadas a determinar responsabilidades administrativas o de gestión continuarán su curso ordinario.
Asimismo, ante una liquidación o disolución, las auditorías, pesquisas y procedimientos administrativos en marcha no interferirán en la ejecución de la medida. El mandato legal remarca que el cese de una empresa no exime de potenciales responsabilidades a servidores o exservidores que hayan administrado los recursos públicos. (Brújula Digital)