El expresidente Evo Morales manifestó su rechazo a la ampliación del estado de excepción por 90 días adicionales y afirmó que la disposición asumida por el Gobierno carecería de sustento constitucional.
En su programa radial de este jueves, Morales objetó la determinación de extender la medida hasta diciembre y cuestionó las condiciones bajo las cuales el Ejecutivo prevé administrar el país en ese lapso.
Asimismo, el exjefe de Estado puso observaciones al accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional frente a los conflictos en distintas zonas del territorio. Mencionó como caso lo sucedido en el puente San Pablo, en el límite interdepartamental entre Beni y Santa Cruz, donde, de acuerdo con su versión, el ministro de Defensa debió intervenir de forma directa en las negociaciones al presentarse un escenario que la Policía no logró controlar inicialmente.
Morales aseveró además que el Ejecutivo estaría aplicando la medida de forma diferenciada ante los sectores movilizados, señalando que las autoridades buscan pactar con ciertos dirigentes mientras sostienen acciones frente a sectores que rechazan sus condiciones.
En el ámbito financiero, el expresidente vinculó la prórroga del estado de excepción con la situación económica nacional y las gestiones para un financiamiento ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con su postura, la decisión estaría ligada al crédito de cerca de $us 1.900 millones que permanece en tratamiento dentro de la Cámara de Diputados, apuntando a que la medida respondería a condiciones para acceder a esos recursos.
Por el contrario, el Gobierno sostiene una postura distinta. Las autoridades del Órgano Ejecutivo justificaron la ampliación de la medida ante el riesgo de que se reactiven bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones.
Ministros que expusieron los justificativos ante la Asamblea Legislativa señalaron que la petición se fundamenta en informes de entidades de seguridad, los cuales advierten sobre eventuales escenarios de conflictividad que podrían incidir en la circulación y el abastecimiento.
Frente a las alusiones al FMI, el Ejecutivo rechazó que la prórroga del estado de excepción constituya una exigencia de la entidad financiera internacional y ratificó que obedece estrictamente a la prevención de conflictos sociales.
Esta controversia tiene lugar en momentos en que la Asamblea Legislativa evalúa tanto la prolongación del estado de excepción como el proyecto de financiamiento externo, en medio de posturas encontradas sobre su legalidad y sus verdaderos alcances. (La Prensa)