La pugna política en el país cobró mayor intensidad debido a las posturas enfrentadas sobre las decisiones económicas asumidas por la gestión de Rodrigo Paz. El expresidente Evo Morales criticó nuevamente al jefe de Estado por levantar la subvención estatal al diésel y proyectó un escenario de creciente presión social, mientras que el analista y asambleísta por Santa Cruz Luis Alberto Ruiz afirmó que Morales se encuentra en una fase clave de su trayectoria política.
Morales manifestó que, en caso de que las manifestaciones contra las determinaciones económicas del Ejecutivo tomen mayor alcance, Paz podría abandonar Bolivia. Mencionó a España y Estados Unidos como posibles destinos y cotejó el panorama que proyecta con lo sucedido en la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la crisis social y política de octubre de 2003.
Estas afirmaciones surgieron en medio del conflicto por la eliminación de la subvención al diésel, medida que reajustó la tarifa del combustible y desató observaciones de sectores del autotransporte, organizaciones sociales y líderes políticos que exigen anular o revisar la resolución estatal.
Morales planteó que un eventual desborde de las movilizaciones podría provocar reacciones en filas de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Según sus dichos, existirían uniformados que podrían desobedecer órdenes de intervención e incluso mencionó la hipótesis de un amotinamiento policial si la tensión llega a escalar.
El exmandatario también aseveró que las medidas económicas del Gobierno de Paz obedecen a directrices vinculadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestionando tanto el repliegue de los subsidios como los ajustes enfocados en las empresas públicas.
El pronunciamiento se da poco después de que sectores afines al evismo fijaran un plazo a la administración central para responder a sus demandas. Morales emplazó al Gobierno a dejar sin efecto el Decreto Supremo 5716, advirtiendo con reactivar protestas si sus peticiones no encuentran respuesta.
De esta forma, el debate sobre el precio del diésel se afianza como el epicentro de la disputa entre Morales y el Ejecutivo. Mientras el Gobierno defiende sus disposiciones dentro de un plan para estabilizar el frente económico y energético, el expresidente insiste en su anulación y convoca a mantener medidas de fuerza.
Por su parte, Luis Alberto Ruiz ofreció un análisis divergente sobre el presente de Morales. Señaló que el líder del MAS enfrentaría una etapa de alta complejidad y evaluó que sus recientes discursos e iniciativas responden al objetivo de conservar visibilidad y gravitación en la arena política nacional.
Ruiz explicó que, a su juicio, la administración de Paz se enfocó prioritariamente en la estabilización económica antes de atender otras controversias políticas, atribuyendo las determinaciones iniciales a las condiciones en que recibió las arcas estatales.
El asambleísta relacionó asimismo el momento actual con el financiamiento del FMI, arguyendo que esos fondos externos pueden otorgarle margen de maniobra al Gobierno para concretar ajustes que, de lo contrario, elevarían la conflictividad.
No obstante, Ruiz advirtió que el impacto derivado de las medidas de ajuste puede ser instrumentalizado para reactivar la movilización social, considerando que Morales intentaría capitalizar el malestar por el encarecimiento de los combustibles a fin de recuperar espacio.
Al referirse a la crisis de 2003, Ruiz consideró que Morales buscaría reproducir un desenlace semejante al de la renuncia y salida del país de Sánchez de Lozada, si bien dicha apreciación corresponde a una interpretación personal del analista sobre los objetivos del exgobernante.
El analista también observó que Morales promueva medidas de presión sin ponerse a la cabeza directa de las acciones, indicando que debería fijar con claridad su postura ante las determinaciones que impulsan sus bases.
Otro aspecto destacado por Ruiz se centró en la seguridad ciudadana y los relevos en la Policía Boliviana, asegurando que las modificaciones institucionales podrían influir en investigaciones contra el crimen organizado.
En esa línea, citó operativos contra supuestas células delictivas ligadas a grupos brasileños como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además del caso de una ciudadana brasileña con sentencia prolongada en su país y la captura de supuestos sicarios extranjeros que habían tenido difusión en redes sociales.
Bajo estos antecedentes, Ruiz especuló con la posibilidad de que la situación legal de Morales varíe, sin descartar una aprehensión o trámites de extradición; no obstante, se trata de una conjetura planteada por el analista y no de determinaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes.
El frente judicial de Morales continúa siendo un factor latente, puesto que encara causas y mandamientos recordados de manera periódica por representantes del Ejecutivo, al tiempo que sus simpatizantes cuestionan el curso de dichos procesos.
El escenario nacional discurre así en varios ejes: el malestar por el costo de los carburantes, la pugna política entre el evismo y la actual administración, la situación legal de Morales y los plazos fijados para eventuales medidas de presión.
Desde el Gobierno se ha reiterado que las protestas deben encuadrarse en la ley, remarcando su obligación de proteger la libre transitabilidad y el suministro regular de víveres, a la par de descartar cambios de política económica forzados por advertencias o bloqueos.
A su vez, la postura de las organizaciones del autotransporte permanece diversa, con fracciones inclinadas a las medidas de hecho y otras abocadas al diálogo para amortiguar el efecto del incremento del combustible.
El desenlace de los plazos establecidos y la respuesta del Ejecutivo a los pedidos sobre el Decreto Supremo 5716 definirán las características del clima político de las próximas semanas, en un contexto en el que Morales y Ruiz exponen valoraciones completamente opuestas sobre el rumbo del conflicto.