El Ejecutivo enfrenta una disyuntiva política y constitucional que podría definir buena parte de su agenda en los próximos meses. Mientras el Gobierno busca que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice una nueva ampliación del estado de excepción por 90 días, también pretende impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).
Ambas iniciativas, sin embargo, no pueden avanzar simultáneamente mientras permanezca vigente el régimen excepcional. El artículo 140, parágrafo III de la CPE establece que un proceso de reforma constitucional no puede iniciarse durante la vigencia de un estado de excepción.
La situación coloca al presidente Rodrigo Paz ante una decisión de fondo: priorizar temporalmente una medida destinada a preservar el orden y evitar nuevas movilizaciones o abrir el camino para una discusión sobre modificaciones a la Carta Magna.
El Gobierno considera que la ampliación del estado de excepción puede contribuir a mantener la estabilidad social en un momento de incertidumbre económica y política. La solicitud llega después de un periodo caracterizado por movilizaciones, bloqueos y advertencias de nuevos conflictos.
Al mismo tiempo, Paz ha insistido en la necesidad de aprobar cambios estructurales y ha llamado a los legisladores a alcanzar acuerdos para avanzar tanto en las leyes consideradas prioritarias como en una eventual reforma constitucional.
¿Más tiempo resolverá la conflictividad?
El analista César Rojas plantea dudas sobre la conveniencia de prolongar la medida. En su evaluación, los tres meses transcurridos no necesariamente garantizan que una nueva declaratoria produzca el mismo nivel de estabilidad.
Rojas advierte que un nuevo periodo podría incluso ser cuestionado por diferentes sectores y perder su carácter excepcional si no está acompañado por respuestas concretas a las demandas sociales.
Desde su perspectiva, el Gobierno tuvo durante los primeros 90 días una oportunidad para establecer un mayor diálogo con las organizaciones sociales y atender sus principales reclamos. Sin embargo, considera que esa posibilidad no fue aprovechada plenamente y que persiste un escenario de descontento.
El analista también considera que cualquier modificación constitucional requerirá un respaldo social amplio. A su juicio, no será suficiente alcanzar acuerdos únicamente dentro del Legislativo, porque los sectores sociales demandan conocer y participar en el debate sobre los cambios que se pretende introducir.
Legisladores divididos
La solicitud del Ejecutivo tampoco tiene una posición uniforme dentro de la Asamblea Legislativa. Incluso entre parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fuerza vinculada al Gobierno, existen diferencias respecto a la ampliación.
El senador Nicanor Cochi considera que la situación actual justifica prolongar el estado de excepción, debido a las amenazas de movilizaciones y posibles hechos de confrontación.
Una posición diferente expresó la senadora Ana María Crispín, quien cuestionó la falta de información dentro de su propia bancada y adelantó su rechazo tanto a la ampliación del régimen excepcional como a otras iniciativas gubernamentales, entre ellas la reforma constitucional y el crédito gestionado con el Fondo Monetario Internacional.
El diputado Daniel Fernández señaló que todavía corresponde evaluar el escenario antes de asumir una posición definitiva. Aunque admitió que podría ser necesario extender la medida para garantizar condiciones de seguridad y permitir que la población continúe con sus actividades, sostuvo que la reforma constitucional deberá analizarse junto con las organizaciones sociales.
Por su parte, el diputado Víctor Huaranca cuestionó que una ampliación pueda solucionar la crisis económica. También consideró prematuro hablar de nuevas movilizaciones mientras las organizaciones sociales no hayan definido una estrategia conjunta.
Unidad y Libre cuestionan la ampliación
Desde Unidad también existe cautela. La diputada Julieta Jiménez señaló que la población necesita estabilidad después de los bloqueos que afectaron al país durante varias semanas.
La legisladora indicó que su bancada todavía debe reunirse para definir una postura oficial frente a la solicitud del Ejecutivo.
En Libre, en cambio, las críticas son más contundentes. El diputado Edgar Zegarra cuestionó qué resultados concretos dejó el anterior periodo de excepción y puso en duda que prolongarlo permita resolver las principales necesidades de la población.
El senador José Manuel Ormachea sostuvo que insistir en la medida demostraría dificultades del Gobierno para enfrentar a los grupos que considera desestabilizadores. Para el legislador, la prioridad debería estar en impulsar la reforma parcial de la Constitución y atender problemas estructurales, entre ellos la situación del abastecimiento de carburantes.
Una decisión con consecuencias políticas
La discusión trasciende la simple aprobación o rechazo de un decreto. Si la Asamblea autoriza la ampliación del estado de excepción, el Gobierno tendría que postergar el inicio formal de cualquier proceso de reforma constitucional mientras la medida continúe vigente.
En cambio, si el Ejecutivo decide no prolongar el régimen excepcional, podría abrirse una ventana para avanzar con la discusión de la CPE, aunque eso no garantizaría por sí mismo el respaldo político y social necesario.
El escenario también pone a prueba la capacidad de negociación de Paz con las distintas fuerzas que conforman la Asamblea. El oficialismo necesita construir acuerdos para aprobar sus principales iniciativas en un Legislativo donde existen posiciones divergentes incluso entre sus aliados.
La decisión final, por tanto, tendrá implicaciones tanto para la estabilidad inmediata como para la agenda de reformas del Gobierno. Mantener el estado de excepción puede ofrecer una herramienta para contener eventuales conflictos, pero también retrasaría el camino constitucional que el propio Ejecutivo considera prioritario.