La modificación en el mecanismo de actualización de las tarifas de electricidad en Bolivia generó debate entre el Órgano Ejecutivo y analistas del sector. Mientras las autoridades sostienen que el Decreto Supremo 5570 busca evitar variaciones abruptas en el servicio, el economista Gonzalo Chávez y el experto en hidrocarburos Fernando Rodríguez alertaron que la consideración de factores como la inflación y el tipo de cambio podría traducirse en mayores costos para los usuarios.
La disposición introduce un cálculo basado en cuatro variables: la cotización oficial del tipo de cambio establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), el costo de referencia del combustible para la generación de energía, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los aranceles de importación de equipamiento electromecánico para generación y transmisión.
Dichos componentes determinarán la actualización periódica de los costos del sector eléctrico, situación que desató posturas encontradas respecto a su eventual impacto en los hogares y en la estructura productiva del país.
Chávez advierte sobre un efecto acumulativo
El economista Gonzalo Chávez advirtió que variaciones mensuales de menor escala podrían tener un efecto acumulativo significativo a lo largo de los meses.
Según sus estimaciones, las subidas podrían rondar entre 1% y 1,5% mensual, en función del comportamiento de los componentes de la fórmula. Chávez equiparó esta dinámica a incrementos paulatinos que terminan influyendo fuertemente en el presupuesto de los consumidores.
Recordó que el esquema previo otorgaba estabilidad debido a una inflación baja y a la continuidad del tipo de cambio oficial, factores que limitaban el impacto sobre la tarifa final de energía.
Con el nuevo mecanismo, ambos factores asumen un rol preponderante, por lo que Chávez remarcó que las consecuencias dependerán de cómo fluctúen estos indicadores y de la periodicidad de los reajustes.
Respecto al tope mensual del 5% mencionado desde el Gobierno, apuntó que, en caso de aplicarse reiteradamente dicho techo, el balance anual sería considerable. No obstante, se trata de un escenario proyectado bajo la condición de que se alcance dicho margen máximo de forma constante y no de una confirmación de alzas obligatorias en ese porcentaje cada mes.
Asimismo, observó que las consecuencias no serían uniformes, puesto que los sectores comerciales e industriales, con una alta demanda energética, enfrentarían un incremento en sus costos de operación si las subidas son constantes.
Si bien admitió que el ajuste de la fórmula puede tener respaldo técnico, Chávez consideró indispensable aplicar medidas de apoyo para las unidades productivas, a fin de evitar que el eventual encarecimiento se traslade a los precios de bienes y servicios y presione a la inflación.
Rodríguez observa falta de claridad en el procedimiento
Por su parte, el especialista en energía e hidrocarburos Fernando Rodríguez cuestionó el planteamiento del nuevo esquema al considerar que la multiplicidad de variables y fórmulas matemáticas restringe la comprensión del usuario sobre el valor final facturado.
El especialista manifestó inquietud ante la posibilidad de que la complejidad técnica complique las tareas de fiscalización y derive en lecturas poco transparentes, instando a aplicar métodos comprensibles y fiscalizables para sustentar cada reajuste.
Rodríguez argumentó que el Ejecutivo debería enfocarse en aminorar gastos en la administración estatal, burocracia e ineficiencias antes de fijar parámetros que comprometan la economía ciudadana. Igualmente, objetó el peso asignado a la variación cambiaria en la tarifa eléctrica.
En esa línea, asoció el debate con la brecha entre la cotización cambiaria oficial y las cifras registradas en el mercado, advirtiendo que este factor podría incidir sobre los costos del sistema, condicionado a la metodología aplicada y las cifras adoptadas en cada periodo.
El Órgano Ejecutivo descarta alzas automáticas
En respuesta a estas afirmaciones, el vocero presidencial José Luis Gálvez descartó que el Decreto Supremo 5570 represente un incremento automático en el importe que abonan los consumidores por el suministro eléctrico.
La autoridad puntualizó que una de las modificaciones consiste en sustituir la referencia del tipo de cambio: anteriormente se computaba la cotización del día 25 de cada mes y ahora se utiliza un promedio mensual completo.
Desde el Gobierno se argumenta que este criterio atempera fluctuaciones bruscas y brinda una pauta técnica para actualizar los costos de la cadena eléctrica. Con todo, la aplicación de la fórmula no permite deducir anticipadamente la cuantía de los avisos de cobranza futuros, dado que estará sujeta al comportamiento de los indicadores establecidos.
De momento, las previsiones de los analistas no implican la certeza de un incremento generalizado para la totalidad de los usuarios. La trayectoria de las variables macroeconómicas y el uso concreto de las nuevas fórmulas determinarán si habrá aumentos en las tarifas y en qué proporción se aplicarán.
