El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y la primera dama, María Elena Urquidi, afrontan una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales. El proceso surge a raíz de una serie de audios filtrados que presuntamente evidenciarían gestiones destinadas a favorecer designaciones de personas en la administración pública. La acusación fue radicada ante la Fiscalía Departamental de La Paz por el jurista Guido Calcina, quien requirió peritajes técnicos para determinar la autenticidad del material sonoro e indagar las comunicaciones telefónicas de los sindicados.
Formalizan la denuncia ante el Ministerio Público
Calcina formalizó la querella penal este miércoles, dando curso a la medida anunciada la semana previa, cuando adelantó que acudiría a las instancias fiscales para instar una investigación sobre el contenido de los registros divulgados.
El denunciante, presentado como abogado constitucionalista y activista independiente de la ciudad de El Alto, argumenta que los audios atribuidos a Zamora, Urquidi y al exasesor presidencial Fernando Cerimedo contienen elementos que justifican la apertura de pesquisas judiciales.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la denuncia, las grabaciones mostrarían posibles injerencias orientadas a incorporar a determinadas personas en cargos estatales, presuntamente obviando procedimientos normativos e institucionales y consideraciones de orden técnico o profesional.
“Vamos a presentar nuestra denuncia ante la Fiscalía Departamental contra el señor Zamora y contra la señora Urquidi, porque están cometiendo el delito de tráfico de influencias, vinculado a un enriquecimiento ilícito. También, de demostrarse con estos audios, se configuraría el delito de nombramientos ilegales”, manifestó Calcina antes de formalizar la denuncia.
El jurista remarcó que corresponde al Ministerio Público clarificar si los audios en circulación constituyen conductas delictivas y establecer el grado de participación de los aludidos.
Cuestiona las supuestas designaciones en cargos públicos
En su exposición, el accionante cuestionó las vías que presuntamente se habrían utilizado para gestionar contrataciones y nombramientos en reparticiones estatales.
Desde su lectura, el material filtrado dejaría ver que ciertas designaciones responderían a lazos personales y proximidad con el entorno del presidente Rodrigo Paz y determinados ministros, relegando parámetros de trayectoria, formación y méritos profesionales.
En ese sentido, comparó estas presuntas prácticas con episodios de anteriores gestiones de gobierno y rechazó la persistencia de mecanismos de reparto de puestos en el aparato público.
“Se están loteando las pegas, como lo han hecho durante los 14 años”, sostuvo el jurista, al expresar sus observaciones sobre el contenido de las conversaciones.
Asimismo, Calcina exhortó al presidente Rodrigo Paz a pronunciarse de manera pública respecto al contenido de los audios y a las acusaciones, particularmente de cara a su balance por el primer año de mandato.
Solicita pericias del IDIF para verificar los audios
Entre los requerimientos centrales cursados en el memorial, el demandante solicitó que peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ejecuten análisis técnicos para establecer si las grabaciones corresponden con certeza a las voces de los implicados.
El petitorio incluye el examen minucioso del registro sonoro, el esclarecimiento de su autenticidad y el desdoblamiento de imágenes asociadas a la causa.
Calcina aseveró que recurrió de forma preliminar a empresas especializadas, las cuales, según su relato, habrían ratificado la veracidad del audio descartando una manipulación mediante herramientas de inteligencia artificial.
No obstante, el denunciante puntualizó que tales afirmaciones requieren la certificación oficial de un peritaje judicial, a objeto de que las conclusiones posean fuerza probatoria y rigor técnico dentro de la causa penal.
Asimismo, instó a que la Fiscalía recopile indicios que permitan reconstruir las circunstancias en las cuales se habrían dado dichas conversaciones para corroborar si existió una coordinación destinada a favorecer ciertas contrataciones.
Pide investigar llamadas y comunicaciones telefónicas
Como otra medida investigativa, Calcina solicitó oficiar a las telefónicas Entel, Tigo y Viva para que proporcionen los registros pertinentes y se lleve a cabo una triangulación de llamadas entre las personas sindicadas.
El propósito de dicha diligencia apunta a identificar contactos, constatar enlaces y mapear las comunicaciones que pudieran tener nexo directo con las grabaciones que salieron a la luz pública.
El abogado enfatizó que las pesquisas no deben sujetarse únicamente a la toma de declaraciones testificales o informativas, sino ampararse en pericias científicas y pruebas documentales indispensables para el esclarecimiento de los presuntos hechos.
Asimismo, consideró que las autoridades pertinentes deben asumir su responsabilidad ante los indicios y reiteró la necesidad de que el Jefe de Estado siente una posición clara sobre el caso.
En esa línea, advirtió de que la omisión o inacción frente a presuntos ilícitos podría derivar en responsabilidades por encubrimiento, aspecto que solicitó sea tomado en cuenta por las autoridades judiciales en la valoración de los hechos.
Los audios involucran a personas del entorno presidencial
La controversia comenzó con la publicación de una serie de conversaciones atribuidas a Fernando Cerimedo con autoridades de Estado y figuras vinculadas al entorno del presidente Rodrigo Paz.
A partir del 31 de agosto se difundieron 13 grabaciones que desataron controversia por presuntas gestiones, contactos e influencias para designaciones de cargos en entidades estatales.
En dicho material figuran alusiones directas al ministro Mauricio Zamora y a la primera dama María Elena Urquidi, contexto por el cual se formuló la acusación ante el sistema penal.
Tras la difusión pública de los audios, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó recientemente sobre el inicio de una investigación de oficio para esclarecer lo acontecido.
Con el ingreso formal de la denuncia de Calcina, el Ministerio Público evaluará el memorial y definirá las actuaciones correspondientes para determinar la autenticidad de los registros y constatar si concurrieron delitos de uso indebido de influencias o nombramientos al margen de la ley.
Al presente, los extremos señalados en la acción judicial constituyen hechos presuntos sujetos a indagación y no representan una resolución condenatoria sobre la responsabilidad de los denunciados. (Brújula Digital)
