El diputado de la alianza Unidad, Juan Del Granado, cuestionó la determinación del Gobierno de extender por otros 90 días el estado de excepción y sostuvo que, bajo su interpretación, actualmente no se presentan las circunstancias que justificarían mantener vigente dicha medida extraordinaria.
La postura del legislador se conoció tras la aprobación gubernamental del Decreto Supremo 5707, mediante el cual el Ejecutivo plantea prolongar la medida que rige desde junio en todo el territorio nacional. El documento fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.
Del Granado aseveró que los conflictos sociales que atraviesa el país no constituyen, según su criterio, un escenario de conmoción interna que respalde la continuidad del estado de excepción. Asimismo, señaló que la conflictividad asociada a demandas sociales y a dificultades de la gestión pública no debe equipararse con las situaciones extraordinarias fijadas por la normativa.
El parlamentario remarcó el rol que compete a la Asamblea Legislativa en este proceso. Conforme a su lectura legal, una nueva prórroga precisa de la autorización previa del Legislativo y no puede darse por aprobada ante la falta de un pronunciamiento dentro de un plazo específico.
El artículo 138 de la Constitución Política del Estado estipula que la vigencia del estado de excepción está sujeta a la intervención de la Asamblea Legislativa. Del mismo modo, el texto constitucional señala que, tras finalizar un estado de excepción, no puede declararse otro en el transcurso del año siguiente, salvo que medie autorización legislativa previa.
La interpretación de Del Granado discrepa con la línea manifestada por el Ejecutivo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que la Asamblea cuenta con un lapso para pronunciarse y aseveró que, de no existir una resolución en ese plazo, las disposiciones fijadas en el decreto seguirán vigentes de forma excepcional, en el marco legal esgrimido por el Gobierno.
El Decreto Supremo 5707 fija una ampliación de 90 días y dispone que las medidas asumidas en la norma que originó el estado de excepción se conservarán hasta que la Asamblea emita su resolución respectiva. La disposición fue enviada al Órgano Legislativo para que defina su continuidad.
Desde la administración estatal se argumenta que aún persisten elementos de riesgo que podrían afectar la estabilidad boliviana, entre ellos probables movilizaciones y bloqueos que perjudiquen el tránsito, el abastecimiento y las labores económicas y sociales. El Gobierno sostiene que la ampliación persigue resguardar las condiciones de estabilidad logradas en meses recientes.
En tanto el oficialismo sustenta la vigencia del régimen por los peligros advertidos, Del Granado insiste en que no concurren fundamentos suficientes para extenderlo y demanda que la medida extraordinaria concluya en el término previsto.
La definición queda en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que deberá evaluar los alcances del Decreto Supremo 5707 y resolver el trámite de ampliación solicitado por el Ejecutivo.