La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó para este martes 22 de septiembre a un ampliado nacional en Santa Cruz, donde sus representantes analizarán el impacto del Decreto Supremo 5716 y determinarán las acciones que asumirá el sector frente al retiro de la subvención al diésel.
La reunión fue anunciada por el ejecutivo nacional de la organización, Lucio Gómez, quien confirmó que las decisiones adoptadas por las bases serán acatadas por las federaciones y sindicatos afiliados. El encuentro se desarrollará en medio del estado de emergencia declarado por el transporte y de las dificultades que los dirigentes aseguran enfrentar por el incremento de los costos de operación.
El Decreto Supremo 5716, promulgado el 18 de septiembre, estableció un nuevo esquema para la comercialización del diésel y fijó inicialmente su precio regulado en Bs 17,95 por litro. La norma sustituyó el anterior mecanismo de precio fijo por una metodología vinculada al Precio de Paridad de Importación, con una banda de ajuste.
Ante este cambio, la dirigencia del transporte sostiene que el incremento del combustible tiene un efecto directo sobre sus gastos y que será necesario revisar las estructuras de costos utilizadas para establecer las tarifas de los diferentes servicios.
Ampliado definirá posibles medidas
Gómez señaló que el encuentro nacional tendrá la responsabilidad de establecer la posición definitiva del sector. La dirigencia ha anticipado que entre los temas centrales estarán la continuidad de las protestas, posibles movilizaciones y la revisión de las tarifas.
“Ese ampliado nacional toma las decisiones y se cumple”, manifestó el dirigente al referirse a la reunión convocada en Santa Cruz. La Confederación mantiene su rechazo al Decreto Supremo 5716 y exige que la norma sea revisada o anulada.
La posibilidad de adoptar medidas de presión también fue planteada por representantes de distintas regiones. En El Alto, por ejemplo, dirigentes del transporte anunciaron que propondrán un paro indefinido a nivel nacional y que llevarán esa posición al ampliado para su consideración. La determinación final, sin embargo, corresponde a la instancia nacional convocada para este martes.
En otras ciudades ya se registraron dificultades en la prestación del servicio. Reportes de este lunes señalaron que transportistas de Sucre y Potosí optaron por replegar sus vehículos mientras esperan una nueva definición sobre los costos y las tarifas.
Dirigencia plantea cambios en las tarifas
Uno de los principales puntos que será debatido está relacionado con el precio de los pasajes. Gómez sostuvo que, desde la perspectiva de la dirigencia, el incremento de los costos operativos justificaría una variación de entre 50% y 60% en las tarifas del transporte interdepartamental.
No obstante, explicó que el ampliado deberá analizar si el sector acepta el incremento del 45% que ya viene siendo aplicado en algunos servicios y determinar una posición común para los distintos departamentos.
La discusión sobre las tarifas se produce mientras representantes de diferentes organizaciones del transporte plantean ajustes diferenciados según el tipo de servicio y el combustible utilizado por sus vehículos. En Santa Cruz, dirigentes del sector incluso presentaron propuestas de nuevas tarifas ante las autoridades municipales, mientras que en otras regiones se analiza una actualización de las hojas de costos.
Los transportistas argumentan que el aumento del diésel no solo afecta el gasto directo en combustible, sino también otros componentes de su actividad, como mantenimiento, lubricantes, repuestos y servicios asociados al funcionamiento de los motorizados.
Cuestionan propuesta para convertir vehículos a GNV
Otro de los asuntos planteados por los choferes está relacionado con la propuesta gubernamental de promover la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) como una alternativa frente al mayor costo del diésel.
La dirigencia sostiene que cualquier programa de conversión debería estar acompañado por la disponibilidad efectiva de los kits necesarios para realizar las modificaciones. Gómez recordó que el transporte realiza un aporte de 20 centavos por litro de combustible destinado a este tipo de mecanismos y planteó que esos recursos sean utilizados para facilitar las conversiones.
El sector considera que la transición hacia otros combustibles requiere condiciones concretas para los transportistas y no únicamente anuncios de reconversión. Este tema también será llevado al debate dentro del ampliado nacional.
Reclamos por el control del diésel
Los dirigentes también cuestionaron los mecanismos estatales de control sobre la distribución y comercialización del diésel. Gómez responsabilizó a distintas instituciones, entre ellas la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana, por lo que considera deficiencias en la vigilancia del combustible y posibles desvíos.
El dirigente sostuvo que las dificultades actuales no pueden atribuirse únicamente a los transportistas y reclamó mayores controles sobre la cadena de distribución. Según su versión, existen conductores que decidieron dejar sus vehículos fuera de circulación debido a que los costos actuales ya no les permitirían mantener la misma actividad.
Estos planteamientos serán parte del análisis que realizarán los representantes del transporte en Santa Cruz, en una jornada que podría definir la posición de la organización frente a las nuevas condiciones del mercado de combustibles.
El Gobierno mantiene el nuevo esquema para el diésel
El retiro de la subvención forma parte de las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Rodrigo Paz. La decisión fue anunciada junto con otros cambios orientados a modificar el sistema de abastecimiento y comercialización de carburantes, en un contexto marcado por problemas de disponibilidad de combustible y presión sobre las finanzas públicas.
Mientras el Ejecutivo defiende la modificación del esquema de precios, las organizaciones sindicales y sectores del transporte han expresado su rechazo y advierten sobre posibles efectos en los costos de transporte y otros servicios.
Por ahora, la Confederación de Choferes mantiene su estado de emergencia y espera que el ampliado nacional establezca una postura definitiva. La reunión de este martes será, por tanto, el escenario en el que las federaciones y sindicatos deberán definir si optan por continuar con las gestiones ante las autoridades, plantear nuevas exigencias o asumir medidas de presión. (Erbol)