Un acuerdo entre parlamentarios apunta a abrir el debate para una modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE). La propuesta será tratada inicialmente en la Cámara de Senadores e introduce ajustes en áreas vinculadas a la justicia, la economía, las autonomías y la distribución de competencias estatales.
El proyecto de ley fue presentado por el presidente del Senado, Diego Ávila, junto al diputado Carlos Alarcón, contando con el respaldo de sectores legislativos para poner en marcha el procedimiento constitucional respectivo.
El tratamiento iniciará en la Cámara Alta debido a que varios de los aspectos contemplados inciden en las competencias y atribuciones regionales. La iniciativa prevé la revisión de diversos artículos considerados clave para el funcionamiento institucional del país.
Dentro de los cambios sugeridos se encuentra la supresión de 30 disposiciones constitucionales enfocadas principalmente en el Órgano Judicial, las inversiones y la administración de los recursos naturales. El objetivo es que estas áreas se regulen con posterioridad a través de leyes específicas, las cuales requerirían la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En cuanto a la justicia, uno de los ejes centrales propone eliminar la designación de magistrados por voto ciudadano y reemplazarla por un sistema fundamentado en concursos de méritos.
Asimismo, el documento incorpora garantías para inversiones nacionales y extranjeras, planteando mecanismos que impidan la expropiación de capitales con la finalidad de ofrecer mayor seguridad jurídica.
La propuesta no contempla una modificación directa o inmediata. Para prosperar, requerirá la aprobación de dos tercios de los asambleístas presentes en ambas cámaras legislativas. Posteriormente, el texto deberá someterse al veredicto ciudadano en un referéndum constitucional, donde la población decidirá la aprobación o rechazo de los ajustes planteados a la Carta Magna.