La directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, y el investigador del CEDIB, Miguel Miranda, manifestaron su inquietud ante los alcances del Decreto Supremo 5673, advirtiendo que la disposición podría profundizar la supervisión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales y derivar en limitaciones para las labores de la sociedad civil.
En el marco de una evaluación sobre el contexto que enfrentan las entidades civiles en el país, Miranda cuestionó que la actual administración mantenga lineamientos que, de acuerdo con su postura, se emplearon en periodos anteriores para endurecer las exigencias hacia las ONG. Desde su perspectiva, dicha continuidad contradice los cuestionamientos que en el pasado emitieron sectores políticos hoy integrados en la gestión estatal.
Asimismo, el analista apuntó que la norma preserva directrices que atan las metas y actividades de las organizaciones a las agendas de desarrollo fijadas desde el nivel gubernamental. Estimó que este condicionamiento podría incidir en la toma de decisiones institucionales y llevar a que ciertas entidades dejen de lado temáticas específicas para eludir posibles observaciones.
A su turno, Reynolds puso el foco en las herramientas enfocadas en la supervisión, evaluación y control financiero. Precisó que estos mecanismos demandan parámetros claros para evitar que la fiscalización administrativa termine vulnerando la autonomía de las organizaciones o mermando su capacidad de ejecución de proyectos.
Otro elemento de preocupación radica en los puntos del decreto que dependen de una futura reglamentación. Desde UNITAS se remarcó la importancia de transparentar los criterios aplicables al examen de proyectos y resultados, alertando que un marco regulatorio excesivamente abierto podría posibilitar determinaciones de carácter discrecional.
Ambos voceros también hicieron hincapié en las repercusiones que las sucesivas medidas han provocado en el sector. A partir de datos de UNITAS expuestos en el encuentro, entre 2015 y 2025 las organizaciones no gubernamentales nacionales cayeron un 90%, en tanto que las entidades de origen internacional experimentaron una reducción del 76%.
No obstante estas advertencias, Reynolds reivindicó la relevancia de la sociedad civil organizada en tareas como la tutela de los derechos humanos, el resguardo ambiental y el respaldo a poblaciones indígenas y campesinas.
Frente a este escenario, UNITAS demandó al Órgano Ejecutivo propiciar un canal de concertación con las entidades involucradas previamente a la definición del reglamento del Decreto Supremo 5673. El propósito, detalló Reynolds, debe orientarse a fijar mecanismos de fiscalización transparentes que aseguren el control de los fondos sin restringir la independencia institucional, la intervención ciudadana ni la deliberación pública. (Erbol)