El recién posesionado comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, informó que la institución del orden estructurará una estrategia orientada a dar cumplimiento a los mandamientos de aprehensión vigentes contra el expresidente Evo Morales, quien permanece en la región del Chapare desde 2024.
Álvarez, quien asumió la jefatura policial en reemplazo de Mirko Sokol, abordó la situación jurídica del exmandatario en sus primeras declaraciones públicas. El jefe policial precisó que, de forma previa a determinar las medidas a seguir, se requerirán informes pormenorizados sobre el estado de cada proceso para definir el procedimiento de ejecución de los fallos judiciales.
La autoridad policial enfatizó que las órdenes judiciales revisten carácter obligatorio y que el deber institucional es acatar las disposiciones de los tribunales competentes. Dicha postura marca un viraje respecto a lo manifestado en su momento por Sokol, quien declaró con anterioridad que la captura de Morales no representaba una prioridad.
El pronunciamiento del mando saliente provocó cuestionamientos y fue desvirtuado con posterioridad por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien descartó que la aprehensión del expresidente estuviera relegada de la agenda gubernamental.
En la actualidad, Morales suma tres órdenes de aprehensión por diversas causas. La primera data de octubre de 2024, dispuesta por la Fiscalía de Tarija luego de que el exjefe de Estado no se presentara a declarar en una causa investigativa.
El segundo mandamiento fue dictado en mayo de 2026 por una autoridad jurisdiccional, debido a la inasistencia de Morales al inicio del juicio oral por una acusación de trata agravada; en dicha causa rigen también arraigo y congelamiento de sus cuentas bancarias.
La tercera disposición judicial deriva de un bloqueo de carreteras que se prolongó por 53 días. La medida fue tramitada en Santa Cruz tras una demanda activada por representaciones cívicas y el propio Ministerio de Gobierno.
En el marco de ese último caso, el exgobernante afronta investigaciones por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, atentado contra medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra servicios públicos.
Mientras las instancias oficiales señalan que Morales convocó y promovió las medidas de presión, el aludido rechazó los cargos argumentando que las acciones judiciales corresponden a motivaciones políticas.
El expresidente continúa radicado en el Chapare con el apoyo de organizaciones de productores de coca. Su permanencia en esa zona ha impedido la materialización de los mandamientos, en un escenario de constante tensión entre sus bases y los efectivos de seguridad.
Diversos reportes dan cuenta de que grupos de adeptos vigilan las vías de acceso a su ubicación, factor que se mantiene como el principal obstáculo para concretar su detención.
Pese a su permanencia en el trópico cochabambino, Morales mantiene actividad política a través de plataformas digitales y emisiones por Radio Kawsachun Coca, tribunas desde donde confronta al Gobierno y responde a las denuncias judiciales.
Con el relevo de Álvarez en la conducción institucional, el Ejecutivo busca fijar un nuevo mecanismo operativo ante los requerimientos judiciales pendientes. Aunque el comandante no detalló plazos ni aspectos operativos, reiteró que la evaluación documental antecederá a las acciones de campo.
La materialización de las aprehensiones se proyecta como uno de los mayores desafíos para el nuevo mando policial, en medio de la polarización política y la resistencia organizada en el Chapare. (Visión 360)