El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra, rechazó que la detención preventiva del exalcalde Jhonny Fernández responda a un trasfondo político y aseguró que la determinación responde a un proceso judicial por presuntas irregularidades en la administración municipal. Asimismo, el burgomaestre informó que pesan otras cinco denuncias penales en contra de su antecesor, vinculadas a obras públicas, salud, obligaciones impositivas y el manejo de los fondos del municipio cruceño.
Las declaraciones de Saavedra se dieron luego de que la Justicia ordenara la detención preventiva de Fernández por un lapso de 180 días en el penal de Palmasola, en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos públicos. Ante las críticas que aluden a una supuesta persecución política, la actual autoridad defendió el procedimiento de la justicia y subrayó que son las instancias pertinentes las encargadas de esclarecer los hechos investigados.
De acuerdo con lo expuesto, la causa que condujo al encarcelamiento del exalcalde guarda relación con presuntas irregularidades en el destino de Bs 191 millones previstos para 17 proyectos municipales. Las pesquisas buscan determinar la administración de dichos montos y si concurren responsabilidades penales por su uso.
La coyuntura procesal cobró notoriedad tras la aprehensión de Fernández el miércoles 28 de octubre, luego de haber sido declarado en rebeldía por inasistencia a su audiencia de medidas cautelares. Más tarde compareció ante el juez, quien resolvió su detención preventiva mientras continúan las indagaciones.
No obstante, Saavedra subrayó que esta causa no sería la única contra el exburgomaestre. La autoridad detalló la existencia de otras cinco denuncias que deben continuar su tramitación formal. Entre los casos citó el denominado “pavimento fantasma”, vinculado a presuntas anomalías en obras viales; el proceso de los hospitales móviles; supuestas rebajas irregulares de impuestos; compromisos pendientes con la Gestora Pública y una causa por presunta manipulación informática.
El alcalde remarcó que estas investigaciones tienen que ser abordadas de forma individual para confirmar si ocurrieron irregularidades e individualizar a los posibles responsables. Del mismo modo, cuestionó la gestión de Fernández y apuntó que los hechos deben aclararse por los cauces legales, descartando que se trate de una pugna de índole política.
Durante el allanamiento a la vivienda donde se aprehendió a Fernández también llamó la atención el hallazgo de una caja con dólares, dinero que fue precintado en la intervención en medio de dudas sobre su origen. Con todo, la tenencia del efectivo no implica por sí misma la comisión de un ilícito ni define responsabilidades respecto a su procedencia.
El panorama judicial del exalcalde abre una etapa de revisiones en torno a su gestión edil en Santa Cruz de la Sierra. Las causas señaladas por Saavedra abarcan distintos ámbitos administrativos y deberán avanzar conforme a los elementos probatorios y las resoluciones judiciales.
Hasta el momento, los señalamientos mantienen la condición de presuntas irregularidades sujetas a investigación y no de hechos probados. El desenlace del proceso central y la evolución de las otras cinco denuncias definirán la eventual existencia de responsabilidades penales, en tanto el investigado conserva las garantías legales que le corresponden.
