Parlamentarios de diversas fuerzas políticas expresaron su preocupación ante la falta de reportes sobre las indagaciones vinculadas a once grabaciones atribuidas al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, así como a autoridades del Ejecutivo, la Policía y otros actores políticos. En ese marco, conminaron al Ministerio Público, bajo la dirección interina de José Armando Urioste, a verificar la autenticidad de estos audios y aclarar las presuntas irregularidades aludidas en las conversaciones.
La diputada por Alianza Popular (AP), Claudia Herbas, cuestionó la ausencia de avances de conocimiento público y demandó que la Fiscalía detalle las actuaciones realizadas. Sostuvo que este tipo de denuncias ameritan una pesquisa rigurosa, en especial cuando tocan posibles hechos de corrupción y vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, adelantó que corresponde pedir una petición de informe escrito al fiscal general interino para conocer la situación del caso.
A su turno, la diputada de Unidad Nacional (UN), Khaline Moreno, remarcó la necesidad de definir prioritariamente si los registros son verídicos o si sufrieron alteraciones con herramientas de inteligencia artificial. Apuntó que contar con resultados periciales permitirá analizar el contenido con mayor rigor y evitar juicios anticipados contra las personas señaladas.
Por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la legisladora Catherine Pinto puso sobre la mesa las interrogantes en torno a la legalidad del origen de las grabaciones. Explicó que los elementos probatorios tienen que cumplir con las exigencias normativas para tener validez procesal en la justicia, e instó a quienes posean datos relevantes a derivarlos a las instancias competentes.
Entretanto, el diputado de Unidad, Álvaro Casazola, exhortó al Ministerio Público a proceder con independencia del Ejecutivo y transparentar sus labores investigativas. También solicitó profundizar las pesquisas ligadas a Cerimedo, Sebastián Marset y el exfiscal general Roger Mariaca, a fin de determinar si existen responsabilidades atribuibles a servidores públicos u otros involucrados.
Los audios bajo cuestionamiento
El paquete inicial de siete grabaciones fue difundido por el vicepresidente Edmand Lara, mientras que otros cuatro audios circularon después por medio de plataformas digitales. Los registros hacen presuntas referencias a temas que van desde relevos en la Policía y bloqueos, hasta supuestas operaciones contra el narcotráfico, gestiones de la Fiscalía y posibles contratos en el sector de hidrocarburos.
Entre los aludidos están el presidente Rodrigo Paz; la primera dama, María Elena Urquidi; el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. También se incluyen menciones al diputado Alejandro Reyes y al empresario Samuel Doria Medina, quienes pusieron en duda la legitimidad de los materiales en los que se los menciona.
El último registro, divulgado el 26 de octubre, habría involucrado nuevamente a Cerimedo y Urquidi en un diálogo relativo a supuestas pugnas por contratos hidrocarburíferos. No obstante, tanto la autenticidad como el contenido de los archivos están sujetos a verificaciones periciales y al avance de las investigaciones.
Los asambleístas coincidieron en que el Ministerio Público tiene el deber de clarificar el escenario y rendir cuentas sobre sus actuaciones. Pese a las discrepancias acerca del valor legal de las grabaciones, el reclamo general apunta a constatar si el material fue alterado y si existen indicios suficientes para indagar presuntas conductas ilícitas.
