El Gobierno nacional manifestó sus reparos ante la decisión de un juez de Santa Cruz que ordenó el traslado del expresidente Luis Arce desde el penal de San Pedro hacia un centro de salud de la ciudad de La Paz para que acceda a atención médica especializada.
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, puso en duda la competencia de una autoridad judicial cruceña para intervenir en un caso radicado en La Paz, donde el exmandatario guarda detención preventiva bajo el control de un juzgado local.
García sostuvo que esta situación genera dudas respecto a la competencia jurisdiccional que corresponde para adoptar decisiones sobre la situación legal de Arce.
La observación apunta al actuar del juez 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, Carlos Alberto Moreira, quien resolvió una acción de libertad interpuesta por uno de los hijos del exjefe de Estado.
“Al final, ¿quién es el juez competente? ¿Es el de La Paz o el de Santa Cruz?”, cuestionó García, al plantear interrogantes sobre el alcance de la decisión judicial.
Disponen traslado a un centro médico
La resolución judicial instruye al gobernador del penal de San Pedro dar curso a la acción de libertad y proceder con la remisión de Arce al Hospital Arco Iris, en la sede de gobierno.
Asimismo, el fallo dispone que el exmandatario permanezca bajo resguardo policial mientras dure su internación médica.
La orden del juez también prevé la programación de una audiencia para evaluar la situación jurídica del procesado y considerar una eventual modificación de su detención preventiva por medidas menos gravosas.
Arce se encuentra recluido en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025, dentro de las indagaciones correspondientes al caso Fondo Indígena.
El pronunciamiento del juzgado cruceño valoró el requerimiento de asistencia médica y tratamiento especializado para el expresidente, quien en el pasado enfrentó un cuadro de cáncer tratado en Brasil y posteriormente reportado como superado.
La controversia se concentra de este modo en la validez competencial de la autoridad cruceña para disponer el traslado y la revisión de medidas, mientras el proceso de fondo continúa tramitándose en estrados judiciales paceños. (BTV)