El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resolvió incluir nuevamente a Bolivia en la lista de naciones que, bajo la evaluación anual de Washington, no cumplieron plenamente con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.
El informe oficial, elaborado en el marco del proceso evaluativo para la cooperación estadounidense de 2027, reconoce giros en el vínculo bilateral y subraya la coordinación retomada con la administración de Rodrigo Paz. No obstante, el texto hace hincapié en las dificultades asociadas a la producción de coca y la corrupción.
Según la evaluación de Washington, el actual Gobierno boliviano todavía no habría contado con el tiempo suficiente para ejecutar medidas que reviertan el incremento en los cultivos de coca reportado durante la gestión previa.
Asimismo, el documento apunta a la corrupción como uno de los elementos que continúa obstaculizando las investigaciones referidas a actividades delictivas del narcotráfico.
A pesar de estos reparos, Trump ponderó los indicios de acercamiento entre Washington y La Paz. En particular, valoró el restablecimiento de los canales de cooperación policial y la extradición hacia Estados Unidos del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, a quien las autoridades norteamericanas identifican como un objetivo vinculado a estructuras del narcotráfico.
El jefe de Estado norteamericano calificó estos hechos como el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales y enfatizó el aumento de la cooperación mutua durante el mandato de Paz.
Bolivia se mantiene así en la nómina de países señalados por Estados Unidos por incumplir plenamente sus responsabilidades relativas al control de sustancias ilícitas, espacio que comparte con Colombia y Birmania.
Sin embargo, la resolución de la Casa Blanca establece una excepción que permite a Bolivia y a los demás países contemplados en este grupo seguir recibiendo asistencia económica y técnica de Estados Unidos.
El informe plantea también la posibilidad de que la condición de Bolivia sea evaluada nuevamente en el futuro. Para acceder a ese beneficio, el país tendrá que evidenciar progresos concretos en la disminución de la producción ilícita de drogas y presentar resultados de peso frente a los focos de corrupción advertidos.
Este diagnóstico se conoce en una coyuntura de recomposición del nexo bilateral entre Bolivia y Estados Unidos, tras una etapa caracterizada por una limitada coordinación en áreas de seguridad y combate antidrogas.
De esta manera, la administración boliviana afronta el reto de certificar avances tangibles en el siguiente ciclo, primordialmente en los aspectos observados por Washington, a la par de intentar afianzar la colaboración policial y los canales de enlace con las entidades estadounidenses.