El Tribunal Agroambiental formalizó que se apersonará como parte querellante en el proceso penal abierto tras la muerte a tiros de un jaguar en el municipio de Guayaramerín, Beni. La determinación institucional surge a raíz del presunto incumplimiento de medidas cautelares previas que resguardan a esta especie silvestre y prohíben su caza.
Roxana Chavez Rodas, presidenta del Tribunal Agroambiental, detalló que la intervención responde a la vigencia de órdenes judiciales orientadas a tutelar al felino ante su condición de vulnerabilidad. La titular expresó su repudio por el hecho registrado en el barrio San Francisco y remarcó la obligación institucional de hacer prevalecer las resoluciones emitidas para la conservación de la fauna.
El caso cobró relevancia pública tras la difusión de grabaciones en redes sociales donde se observa al animal muerto. De acuerdo con la información preliminar citada por la autoridad, con posterioridad al hecho se habría despojado al jaguar de fragmentos corporales, tales como la piel y la cabeza.
Chavez Rodas puso en duda que la agresión armada pueda justificarse bajo un argumento de legítima defensa ante un presunto riesgo hacia terceros. A su criterio, los registros audiovisuales reflejan indicios que ameritan una indagación rigurosa, ya que podría configurarse un ataque intencional contra un ejemplar protegido.
El suceso aconteció el 8 de agosto y derivó en acciones del Ministerio Público, logrando la detención preventiva por 60 días para Andy S. C., de 26 años, quien fue reconocido en las grabaciones que forman parte de las pruebas del proceso penal.
Por su parte, el fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, confirmó que el imputado cumplirá la reclusión en el penal de Mocoví, en Trinidad, en tanto avanza la recolección de pruebas sobre el caso.
Asimismo, la Fiscalía individualizó a Walter A., quien aparecería en los registros efectuando disparos contra el animal; contra él pesa un mandamiento de aprehensión vigente mientras las fuerzas del orden buscan su captura.
Dentro de las pesquisas, el Ministerio Público precisó que aún no existen elementos comprobables de que el felino fuera una amenaza concreta para la población antes de su victimación. Dicha línea de investigación continuará desarrollándose antes de arribar a dictámenes conclusivos.
El proceso también indagará si se incurrió en delitos conexos como la extracción y posible acopio ilegal de partes del animal, mientras la Fiscalía prosigue con los requerimientos judiciales pertinentes.