El transporte pesado departamental advirtió que podría volver a las movilizaciones en caso de que el Gobierno no logre regularizar la provisión de diésel y frenar las extensas filas que persisten en los surtidores del país.
El dirigente del sector, Silvestre Susaño, aseguró que el desabastecimiento mantiene frenada a una proporción considerable de sus afiliados, estimando que hoy en día solo entre el 30% y el 40% tiene la capacidad de operar con relativa normalidad.
La coyuntura despierta preocupación en el gremio, dado el rol estratégico que desempeña en el traslado interdepartamental de carga. La merma de camiones en circulación no solo perjudica a transportistas y propietarios, sino también al flujo de mercancías y al abastecimiento en los centros de abasto.
Plazo de 15 días al Ejecutivo
Susaño recordó que los choferes fijaron un término de 15 días a las autoridades gubernamentales para aplicar soluciones efectivas frente a la escasez del combustible.
Detalló que este plazo fue notificado la semana pasada y que aguardan constatar mejoras palpables en la distribución antes de su vencimiento. En caso de no registrarse avances, evalúan retomar las medidas de fuerza previas, remarcando que podrían ser de los primeros en reiniciar las presiones.
El reclamo pone en evidencia el malestar de los conductores, quienes apuntan que pasar varias horas formados en las estaciones de servicio reduce sus jornadas laborales, incrementa los costos operativos y deteriora sus ingresos.
Alerta por impacto en los precios y rechazo al DS 5676
El representante sindical alertó además sobre las consecuencias económicas indirectas. Explicó que la menor disponibilidad de motorizados entorpece el traslado de productos entre regiones, lo que podría incidir en los fletes y trasladarse a los precios finales al consumidor, afectando principalmente a las familias con menores recursos.
Asimismo, Susaño expresó su disconformidad con el Decreto Supremo 5676, norma que fija un costo referencial de hasta Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores.
A su juicio, la disposición resulta perjudicial para la economía en su conjunto, ya que el incremento en los carburantes termina absorbiéndose en los costos de las empresas y transportistas, lo que eventualmente presiona al alza las tarifas de bienes y servicios.
Por el momento, los transportistas continúan en estado de espera mientras corre el plazo otorgado, sin descartar bloqueos y protestas callejeras si el aprovisionamiento de diésel no se estabiliza. (Brújula Digital)