Un proyecto de ley radicado en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha generado controversia en Bolivia al plantear la posibilidad de aplicar esterilizaciones obligatorias a mujeres en situación de calle, bajo control judicial. La iniciativa provocó el rechazo inmediato de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales advierten que la medida podría vulnerar derechos fundamentales.
El documento fue presentado por el diputado suplente Néstor Rodríguez, perteneciente a Unidad, alianza opositora de centro. Según detalló el legislador, el fin de la propuesta sería fomentar la reinserción social de las personas en situación de calle y abordar en particular la realidad de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y conciben hijos en dicho contexto.
Aunque el texto normativo fija inicialmente que cualquier método de anticoncepción definitiva requiere el consentimiento libre, previo e informado de la persona, uno de sus apartados establece que, tras agotar ciertas instancias, el procedimiento podría tornarse obligatorio y realizarse mediante orden judicial.
Argumentos del proyectista
Rodríguez afirmó que la iniciativa surgió a raíz de situaciones que observó entre mujeres y menores de edad que pernoctan en las calles y enfrentan problemáticas de drogodependencia.
El asambleísta mencionó de manera puntual a mujeres que inhalan clefa (adhesivo con compuestos químicos volátiles) y aseguró que la norma busca establecer condiciones para que este sector acceda a una nueva forma de vida y pueda reincorporarse a la comunidad.
De acuerdo con su explicación, antes de cualquier intervención se realizarían exámenes médicos y psicológicos, además de revisar la historia clínica individual. El parlamentario defendió que la propuesta apunta a una atención integral donde se contemplaría dicho procedimiento, aunque reconoció que el artículo sobre la obligatoriedad podría modificarse durante el debate legislativo debido a los cuestionamientos surgidos.
La propuesta, ingresada semanas atrás, debe ser tratada en primera instancia por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde se evaluará su contenido y eventuales ajustes.
Rechazo a la obligatoriedad
La principal controversia se concentra en el artículo 15, que abre la vía a la esterilización obligatoria bajo tutela judicial. El proyecto sostiene que dicha medida podría prevenir que recién nacidos queden en riesgo de trata y tráfico humano; no obstante, colectivos de derechos humanos recalcan que este argumento no valida una intervención irreversible en el cuerpo y la autonomía reproductiva sin consentimiento.
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores calificó la propuesta como inaceptable y discriminatoria, alertando que afectaría principalmente a mujeres indígenas y en extrema pobreza. Flores cuestionó que se pretenda dar respuesta a la indigencia a través de la capacidad reproductiva, señalando que la problemática debe atenderse con políticas sociales, salud integral, prevención de adicciones, acceso a vivienda y reinserción. Asimismo, calificó el proyecto de racista, clasista, machista y misógino, instando a una postura formal de las instancias del Estado.
Pronunciamiento defensorial
A su turno, la Defensoría del Pueblo y diversas entidades de la sociedad civil manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de esterilizar a mujeres sin su autorización. A través de un pronunciamiento conjunto, recalcaron que la esterilización forzada es una transgresión de gravedad contra los derechos humanos que afecta la dignidad, integridad personal, libertad, privacidad, vida familiar, igualdad y salud sexual y reproductiva.
Las organizaciones recordaron además la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre intervenciones sin consentimiento, citando casos como I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, e insistieron en que cualquier resolución sobre el propio cuerpo no puede imponerse mediante coerción.
El tratamiento de la propuesta en la Comisión de Derechos Humanos definirá la viabilidad de la iniciativa, posibles cambios al artículo controvertido o su eventual descarte. (Visión 360)