El alcalde de Oruro, Iván Quispe, promulgó el Reglamento para la Organización del Carnaval de Oruro 2027 a través del Decreto Municipal N.º 453. La normativa fija directrices sobre la planificación de la festividad, la coordinación interinstitucional, el uso de áreas públicas y el control publicitario, además de sumar sanciones y procesos administrativos. La medida surge en un escenario de divergencias entre el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) respecto al manejo y la transparencia de los ingresos del evento.
Estructurada en 41 artículos, la disposición delimita las funciones de las entidades operativas. Conforme al marco legal detallado en la norma, la Alcaldía y la ACFO son las instancias responsables de la organización y la agenda festiva, contando con el concurso del Comité Departamental de Etnografía y Folklore de Oruro en los temas ligados a la preservación cultural.
El documento normativo incluye la programación de ensayos, el diseño de los trayectos y la fijación de las rutas oficiales. Del mismo modo, regula el armado de graderías, butacas y sillas para los espectadores, e incorpora instrumentos de fiscalización junto a medidas correctivas dirigidas a infractores.
En materia comercial y de auspicios, la reglamentación introduce condiciones específicas para la explotación de imágenes y fija que cualquier soporte publicitario dispuesto en vías adyacentes al recorrido, accesos urbanos principales y puntos turísticos requerirá el permiso municipal expreso.
Dicho control recaerá en la Secretaría Municipal de Economía y Hacienda, a través de la Dirección Tributaria y Recaudaciones y de la Unidad de Espectáculos Públicos y Publicidad Urbana. El texto también prevé sectores exclusivos para mensajes institucionales de la comuna en el trayecto de la entrada folklórica.
Respecto al ordenamiento del espacio, el decreto prohíbe la venta y el montaje de graderías en zonas sensibles como la plaza del Folklore y las inmediaciones del atrio de la Basílica Menor de la Virgen del Socavón.
La vigencia de estas reglas coincide con disputas entre el municipio y la dirigencia de los folkloristas. En un encuentro acontecido la semana previa, el alcalde Quispe observó la carencia de balances pormenorizados sobre contratos de patrocinio e ingresos monetarios asociados al Carnaval, en un contexto marcado por denuncias de presuntas irregularidades administrativas.
Frente a la promulgación, la ACFO manifestó su rechazo y catalogó la disposición de unilateral, cuestionando el procedimiento seguido para impulsarla, mientras persisten los cruces por la rendición de cuentas de los recursos.
A partir de esta disposición, la festividad de 2027 operará bajo nuevos parámetros administrativos relativos a infraestructura temporal, propaganda y uso de vías en una de las mayores expresiones culturales y religiosas del país. (ABI)
