Un operativo ejecutado en un área minera del municipio de Sorata, ubicado en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, concluyó con la aprehensión de 18 personas, además del secuestro de explosivos y diversos insumos empleados en tareas extractivas.
La intervención se llevó a cabo el miércoles a cargo de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (FELCDA), en coordinación con personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). En la inspección se hallaron diversos elementos que serán sumados a la investigación con el fin de establecer si eran empleados en labores al margen de la normativa.
Entre el material confiscado figuran ANFO, cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes. De igual forma, se retuvieron motorizados en la zona intervenida mientras se desarrollan las averiguaciones para determinar su vínculo con los trabajos mineros objeto de pesquisa.
Los 18 aprehendidos fueron conducidos a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, quedando bajo disposición de las instancias pertinentes. De acuerdo con los datos preliminares, 11 serían de nacionalidad china y siete serían bolivianos.
El Ministerio Público tiene a su cargo definir la condición jurídica de los implicados y evaluar, con base en los indicios colectados, la existencia de responsabilidades penales.
Investigación comenzó tras una denuncia
La acción policial se originó a partir de una denuncia formulada por la Cooperativa Minera Buenavista, entidad que alertó que en un área donde afirma poseer derechos mineros se estarían ejecutando labores sin la correspondiente autorización.
Con base en la acusación, se abrió una indagación y se coordinó la presencia de agentes policiales junto a técnicos especializados de la AJAM para constatar la situación en el lugar.
Durante el ingreso al sector se desarrolló la inspección y el decomiso de los elementos encontrados. El hallazgo de explosivos fue uno de los aspectos centrales para los investigadores, debido al peligro que representa su uso en faenas extractivas.
Corresponderá a las autoridades clarificar quiénes custodiaban los insumos, las labores específicas que desarrollaban en el punto y si disponían de papeles que avalen su derecho a operar en la zona.
El caso fue remitido al Ministerio Público para la continuidad de las pesquisas y la respectiva valoración de pruebas.
Autoridades advierten consecuencias
El director de la AJAM, Jaime Sanabria, remarcó que los problemas asociados a la explotación minera no regulada trascienden el impacto ambiental.
La autoridad apuntó que este tipo de hechos también puede ocasionar daños económicos y conflictos en seguridad y control territorial, en particular en áreas donde se suscitan controversias o extracciones sin aval legal.
Asimismo, la actividad extractiva sin regulación dificulta el control sobre las operaciones y el rastreo de personas o firmas que intervienen en los sectores mineros.
En este suceso particular, el aviso de la Cooperativa Minera Buenavista posibilitó la ejecución del operativo y la constatación de las condiciones en las que se operaba.
Explosivos y vehículos quedan bajo investigación
El director de la FELCDA, coronel Marco Azeñas, ratificó el secuestro de los automotores y de los explosivos detectados durante el despliegue.
Los cargamentos confiscados forman parte de la investigación y se someterán a peritajes para conocer su procedencia e identificar a quienes los manipulaban.
El origen y manejo del ANFO, la dinamita, el cordón detonante y los fulminantes deberán ser esclarecidos, considerando las exigencias técnicas y regulatorias necesarias para el empleo de este tipo de componentes en la minería.
Las indagaciones también apuntan a dilucidar si mediaban permisos para las actividades observadas en el sector y si los sindicados contaban con las autorizaciones para la manipulación de explosivos.
Dichos antecedentes serán analizados por la Fiscalía en conjunto con los informes y documentación elaborada por los efectivos actuantes.
Fiscalía definirá la situación de los involucrados
Tras el traslado de las 18 personas a La Paz, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía, instancia que determinará si procede la imputación y delimitará la responsabilidad de cada individuo.
El avance de la causa deberá precisar además el nexo específico de los aprehendidos con el predio minero, los vehículos y los materiales incautados.
Entretanto, los elementos probatorios decomisados permanecen bajo resguardo de las autoridades competentes.
La intervención en Sorata reactiva la discusión en torno a la fiscalización de las tareas mineras en La Paz y la urgencia de verificar que cuenten con los títulos y permisos reglamentarios.
Por el momento, los 18 arrestados continúan vinculados al proceso judicial en curso, a la espera de que el Ministerio Público defina eventuales delitos y responsabilidades individuales.