La Justicia determinó la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola para el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de las investigaciones por la presunta malversación de Bs 191 millones. La resolución judicial se conoció tras su aprehensión, luego de haber sido declarado en rebeldía por no acudir a su audiencia de medidas cautelares el martes 27 de octubre.
La causa investiga el destino de recursos procedentes de créditos municipales orientados a financiar obras de infraestructura durante la gestión de Fernández. Conforme a los antecedentes investigativos, el financiamiento correspondía a 17 proyectos que no habrían sido ejecutados o continuaban inconclusos, origen de la denuncia por presunto manejo irregular de fondos públicos.
El martes 27 de octubre, la exautoridad no se presentó ante el juzgado ni remitió una justificación admisible. Su abogado, Samuel Durán, acudió a la cita procesal, pero carecía del poder específico para ejercer la representación en la definición de medidas cautelares. Debido a la falta de acreditación de un justificativo válido, la jueza Ana Rojas emitió la declaratoria de rebeldía, disponiendo la respectiva orden de aprehensión y el mandamiento de arraigo.
Por su parte, la defensa legal de Fernández cuestionó las condiciones del acto procesal al sostener la vulneración de garantías del debido proceso. Previamente, los recursos planteados por su representación y una acción de libertad desestimada por la Justicia no impidieron la continuidad de las actuaciones.
Aprehensión y definición judicial
El miércoles 28 de octubre, efectivos policiales intervinieron en un inmueble de Fundamax, ubicado en la avenida Doble Vía a La Guardia, entre segundo y tercer anillo de la capital cruceña. En el lugar aprehendieron a Fernández y lo remitieron al Palacio de Justicia para su comparecencia.
En la audiencia cautelar, el Ministerio Público fundamentó la existencia de indicios sobre la supuesta implicación del exalcalde y solicitó los 180 días de reclusión preventiva, medida ratificada por la autoridad jurisdiccional para su cumplimiento en el centro de Palmasola.
La indagación incorpora las leyes municipales 1622 y 1648 —promulgadas entre septiembre y octubre de 2023— junto a los contratos firmados con el Banco Unión sobre los créditos para los proyectos observados. De acuerdo con los datos del caso, los montos transferidos ascienden aproximadamente a Bs 191 millones en obras con problemas de ejecución.
De forma paralela, el director de Asuntos Jurídicos de la comuna cruceña, José Luis Coplot, anunció el jueves 29 de octubre una nueva denuncia penal contra Fernández por presunta legitimación de ganancias ilícitas, motivada por registros difundidos en redes sociales sobre una supuesta entrega de dinero y el hallazgo de billetes durante su captura, hechos sujetos a indagación independiente.
La Fiscalía proseguirá con el acopio documental, la verificación contractual y el rastreo de los recursos públicos, a fin de determinar responsabilidades o descartar malversación en resguardo de la presunción de inocencia de la exautoridad municipal.
