El Ejecutivo incrementó nuevamente el respaldo financiero destinado a garantizar la provisión de carburantes en Bolivia, en medio de la presión generada por el incremento en las cotizaciones internacionales del petróleo y los altos costos que implica la importación de combustibles.
A través del Decreto Supremo 5705, se determinó que el Tesoro General de la Nación (TGN) podrá disponer de hasta Bs 6.000 millones para cubrir el diferencial derivado de la adquisición de carburantes y coadyuvar al abastecimiento del mercado interno.
Este nuevo monto refleja una subida considerable en comparación con las autorizaciones precedentes. En julio, el margen fijado alcanzaba los Bs 1.000 millones, mientras que en agosto se elevó a Bs 2.000 millones. Con esta última disposición, la cifra autorizada se triplica respecto al ajuste previo.
La medida se adopta en un contexto de exigencia para las finanzas públicas, dado que el país depende de compras externas para abastecer una fracción de su consumo de carburantes. Las fluctuaciones del crudo en el mercado internacional inciden de forma directa en estos costos e incrementan los requerimientos de liquidez estatal.
Asimismo, la asignación reabre la discusión sobre el peso financiero que implica sostener el actual esquema de subsidio a los precios internos. Desde el Gobierno se ha manifestado que una porción relevante de los fondos públicos requiere canalizarse hacia proyectos de inversión y reactivación económica.
Búsqueda de reducción del gasto
Entre los planteamientos atribuidos en la nota a la administración de Rodrigo Paz figura una reconfiguración paulatina de la subvención a los carburantes, orientada a aliviar la carga fiscal y reorientar fondos hacia sectores definidos como estratégicos.
En el marco del programa económico pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé retirar el subsidio generalizado a los combustibles hacia el año 2027. Dicho planteamiento contempla esquemas de contención social para mitigar el impacto sobre las familias de menores ingresos.
Pese a esas previsiones, la emisión del Decreto 5705 confirma que el Estado aún precisa comprometer sumas significativas para asegurar el suministro de carburantes de forma inmediata.
El techo de Bs 6.000 millones no implica una ejecución automática ni inmediata de la totalidad de los fondos, sino que define un margen financiero ampliado para atender los compromisos vinculados a la compra y amortiguar las variaciones de costos.
La disposición coincide con el desafío oficial de sostener la oferta de carburantes en el mercado local mientras se intenta atenuar el efecto fiscal de las importaciones y del subsidio, perfilándose este incremento del TGN como una medida coyuntural frente a reformas energéticas de mayor alcance. (Erbol)