La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) manifestó su rechazo al Decreto Supremo 5676 y demandó al Gobierno dejarlo sin efecto. Desde la dirigencia argumentan que fijar un nuevo precio referencial de diésel para ciertos segmentos puede acarrear repercusiones adversas en diversas áreas de la economía nacional.
El titular de Fencomin, Josué Caricari, objetó que el Ejecutivo solicite propuestas sustitutivas a los sectores inconformes con la medida. Desde su postura, es responsabilidad del Gobierno central formular alternativas frente a las dificultades vinculadas con el suministro y el importe del carburante.
La postura gremial surge tras la promulgación del Decreto Supremo 5676, emitido en medio de un escenario de desabastecimiento de diésel y filas en los surtidores. Dicha disposición fija de inicio una tarifa referencial de 18 bolivianos por litro dirigida a los Usuarios Directos y Grandes Consumidores (GRACOS).
En contraste, para los demás usuarios se sostiene el costo previo de 9,80 bolivianos por litro. Asimismo, la normativa encomienda al Ministerio de Hidrocarburos el diseño del mecanismo de cálculo para determinar el precio referencial, tomando en cuenta las variables de importación e impuestos.
De acuerdo con el Gobierno, el ajuste apunta a reducir el impacto fiscal que afronta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las compras externas de combustible. Pese a ello, Fencomin advierte que elevar la tarifa a los grandes volúmenes de consumo podría perjudicar el aparato productivo y transferir sobrecostos a otros rubros.
La representación minera cuestionó además la metodología adoptada para estas determinaciones. Para la federación, las respuestas a la crisis de carburantes deben concertarse mediante espacios de diálogo con los actores involucrados, evitando la imposición unilateral de decretos.
El cooperativismo señaló también que el encarecimiento del carburante no solo incidiría sobre quienes lo adquieren de manera directa; el incremento en fletes y labores productivas podría repercutir sobre trabajadores, productores y hogares mediante una eventual subida en bienes y servicios.
Bajo este panorama, Fencomin resolvió conservar su estado de emergencia y reiteró la exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5676. El sector confía en que las autoridades escuchen sus reclamos y formulen una salida al desabastecimiento sin trasladar mayor carga económica a la producción.
La controversia mantiene latente la opción de futuros acercamientos entre el Órgano Ejecutivo y los gremios que precisan el combustible. Mientras el oficialismo justifica la reestructuración tarifaria para contener el gasto de importación, Fencomin sostiene que la decisión debe revisarse considerando el impacto en quienes dependen del diésel.
El debate en torno a los hidrocarburos permanece así como uno de los focos de mayor fricción entre el aparato estatal y los sectores laborales. La postura oficial frente al requerimiento minero definirá si el escenario avanza hacia una concertación o si se desencadenan medidas de protesta. (Erbol)