El vicepresidente Edmand Lara formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía de Viacha por las dos explosiones registradas en dependencias del Regimiento Bolívar, suceso que dejó un saldo de nueve personas fallecidas, 84 heridas y al menos cinco desaparecidas. El Ministerio Público confirmó la recepción del memorial e indicó que proseguirá con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido y definir eventuales responsabilidades penales.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, señaló que la denuncia interpuesta por Lara pasará a revisión de un fiscal analista antes de tipificar los delitos a investigar. Dicha evaluación determinará qué figuras penales corresponden y, según los indicios que se recaben, contra quiénes podría orientarse el proceso penal.
Este recurso podría sumarse a la causa que la Fiscalía abrió de oficio tras el hecho, en la cual ya se investigan inicialmente delitos vinculados a homicidio culposo, lesiones y estragos. No obstante, las autoridades judiciales dejaron abierta la opción de modificar o ampliar los tipos penales si durante la recolección de indicios surgen elementos que evidencien otras conductas ilícitas.
A la par del análisis de la denuncia del vicepresidente, las autoridades continuaron con la toma de declaraciones a personas vinculadas directa o indirectamente con el cuartel militar al momento de las detonaciones. Hasta la fecha, 11 personas han comparecido en calidad de testigos.
Entre los convocados figuran conscriptos, personal militar y soldados que resultaron heridos a raíz de las explosiones. Sus testimonios son evaluados para reconstruir lo sucedido dentro del Regimiento Bolívar, precisar las tareas que se efectuaban en el sitio y conocer el contexto previo al estallido.
Los peritos e investigadores cotejan los testimonios con los elementos materiales recolectados en el lugar del siniestro, a fin de trazar una cronología de los hechos que aclare el origen del incidente y si mediaron factores que incidieran en su magnitud.
Durante las inspecciones en el recinto militar se detectó material bélico, aspecto confirmado por el fiscal Torres. No obstante, hasta el momento no se cuenta con una conclusión oficial que certifique que dichos elementos hayan sido la causa directa de las detonaciones.
Mediante peritajes técnicos y otros actos investigativos, la Fiscalía deberá establecer la relación que pudo existir entre el material hallado y las explosiones, tomando en cuenta la evidencia material, las declaraciones del personal presente y los informes técnicos que se adjunten al cuaderno de investigaciones.
Asimismo, el Ministerio Público no descartó citar a más personas a declarar, entre las que podría figurar personal del Ministerio de Defensa, con el propósito de recabar información sobre la presencia, resguardo o manejo de los pertrechos en esas instalaciones castrenses.
Dicha alternativa responde a las diferentes líneas investigativas vigentes. Nuevas convocatorias a declarar dependerán de las primeras diligencias y del avance de la causa.
La magnitud del hecho mantiene la atención institucional ante el número de víctimas: nueve fallecidos, 84 heridos y cinco desaparecidos, saldos que continuarán siendo valorados en las pesquisas y resoluciones posteriores.
Con la denuncia de Lara integrada al escenario procesal, el Ministerio Público resolverá si sus argumentos se incorporan a la causa de oficio o si ameritan una vía separada para fijar las responsabilidades del caso.
De momento, las autoridades evitan emitir conclusiones anticipadas sobre la causa de las explosiones, a la espera de los peritajes definitivos, la compulsa testifical y la evaluación del material recolectado.
Las investigaciones continuarán con el foco puesto en determinar qué detonó el estallido, las condiciones de almacenamiento del material militar y si se incurrió en acciones u omisiones determinantes en el suceso fatal.