La diputada Adriana Jiménez, perteneciente a la alianza Libre, denunció que más de 2.000 trabajadores de empresas estratégicas estatales perciben remuneraciones mensuales por encima de los Bs 20.000, y que al menos 470 de ellos registran montos que van desde Bs 30.000 hasta Bs 88.000. Uno de los casos señalados es el de un perforista de la empresa minera Huanuni, con un ingreso total de Bs 88.041, un hecho que la parlamentaria calificó como contradictorio frente al discurso gubernamental de austeridad y contención del gasto público.
Según explicó la legisladora, estos datos provienen de planillas salariales oficiales remitidas por el Ministerio de Minería y revisadas durante sus tareas de fiscalización. Los registros aludidos abarcan información vinculada a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y ELFEC.
La denuncia expone que los documentos consignan remuneraciones elevadas en diversas entidades estatales, evidenciando marcadas brechas en los ingresos de los dependientes. Jiménez dirigió sus críticas a estas cifras en un contexto de dificultades económicas nacionales, en el cual el Órgano Ejecutivo defiende medidas de ajuste fiscal.
Entre los casos destacados se mencionó el de Huanuni, donde un trabajador con funciones de perforista figura con una percepción total de Bs 88.041. La diputada cuestionó la vigencia de estos pagos mientras la ciudadanía afronta el encarecimiento de la canasta familiar y los efectos de las políticas económicas del Gobierno.
Jiménez tachó estos niveles salariales de “ridículos” y puso en duda la correlación entre los sueldos en compañías públicas y los argumentos del Ejecutivo sobre la escasez de fondos para sustentar la subvención a los hidrocarburos y cubrir otros servicios estatales.
“¿Qué clase de gobierno estamos teniendo?”, manifestó la diputada, enfatizando la contradicción entre los ingresos de ciertos dependientes y el mensaje de austeridad. Sus observaciones señalan la urgencia de evaluar la escala de sueldos en las empresas estatales para verificar si se ajustan a criterios correctos de administración de los recursos públicos.
Cuestiona designaciones y plantea un límite salarial
Asimismo, la parlamentaria alertó sobre la presunta existencia de personal en comisión que no estaría cumpliendo labores regulares a pesar de percibir más de Bs 40.000 mensuales. Este aspecto plantea dudas sobre los controles y la distribución de personal en las firmas con participación estatal.
No obstante, los datos difundidos en la denuncia no detallan las identidades de la totalidad de los funcionarios observados ni sus funciones específicas, por lo que estas observaciones deberán contrastarse con la información administrativa y los descargos de las entidades mencionadas.
Jiménez remarcó que a inicios de año presentó un proyecto de ley con el objetivo de fijar un tope a las remuneraciones en empresas estratégicas donde el Estado tiene participación mayoritaria. La propuesta legislativa estipula que ningún dependiente de dichas firmas pueda ganar más que el presidente del país.
Con dicho proyecto, la diputada pretende que las corporaciones públicas apliquen parámetros definidos acordes a una política de contención del gasto. Su eventual implementación dependerá del debate y tratamiento legislativo correspondiente.
El caso reabre la discusión sobre la transparencia de las planillas salariales, el uso de fondos públicos y la fiscalización en el aparato estatal. Frente a las exigencias de Jiménez, queda pendiente la posición oficial y los criterios técnicos de Comibol, ENDE, ELFEC y las carteras correspondientes sobre estos ingresos.
Hasta el momento, los datos corresponden a los documentos expuestos por la legisladora y a sus declaraciones públicas. Un análisis institucional de las planillas permitirá determinar en detalle la estructura de estos haberes, las responsabilidades laborales y si ameritan acciones administrativas o legales. (Unitel)
