La concejala paceña Alejandra Delgado planteó observaciones a dos procesos de contratación de cemento para la Subalcaldía de Mallasa y demandó la intervención de la Contraloría General del Estado con el fin de determinar si se cometieron irregularidades.
La denuncia surgió tras detectar contrastes entre los precios inscritos en las adquisiciones y las cotizaciones que, según distintas proformas, podrían encontrarse en el mercado.
Uno de los casos cuestionados implica 200 bolsas de cemento Portland IP-30, registradas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) a un costo unitario de Bs 99,99. Delgado señaló que existen propuestas de proveedores con montos menores para el mismo material, aun contemplando el transporte.
La legisladora municipal alertó también sobre otra compra de más de 2.000 bolsas a Bs 105 la unidad. Con base en esta comparación, estimó que la diferencia podría implicar un eventual daño económico superior a los Bs 59.000.
Delgado precisó que sus observaciones contemplan referencias de otras comunas del país y presentó registros de compras efectuadas por las alcaldías de Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.
Según los datos que expuso, en aquellas regiones el cemento Portland IP-30 habría sido comprado a valores que oscilan entre Bs 77 y Bs 83 por bolsa, cifras que contrastó con los montos fijados para Mallasa.
Esta variación alertó a la autoridad, quien considera urgente verificar si las contrataciones se apegaron a los precios de mercado y a las normas de administración de fondos públicos.
Frente a este escenario, Delgado demandó que la Contraloría fiscalice la adjudicación consolidada para establecer si amerita indagación y sugirió que los procesos pendientes pasen por revisión antes de su cierre.
Asimismo, propuso que las contrataciones en curso fijen precios referenciales acordes al mercado, a fin de evitar desembolsos que puedan perjudicar las arcas ediles.
La concejala recalcó que serán los entes de fiscalización los encargados de dirimir si las diferencias representan irregularidades y de fijar las responsabilidades que correspondan.
El material cuestionado está destinado a obras y labores en Mallasa, por lo que su costo incide de manera directa en el presupuesto de dichas tareas.
Delgado reiteró la necesidad de aplicar transparencia y justificar costos con datos contrastables, apoyándose en cotejos con otras adquisiciones ediles y proformas comerciales.
La denuncia aguarda el análisis de las instancias pertinentes, las cuales deberán revisar contratos, cotizaciones y condiciones de entrega para establecer si existió o no sobreprecio.
Entretanto, la concejala insistió en frenar y evaluar los trámites pendientes como medida preventiva ante un posible perjuicio económico al municipio. (Brújula Digital)