Bogotá D.C., septiembre de 2026.- En América Latina persiste una distancia marcada entre lo que determinan las normas y las opciones reales que tienen las personas y las empresas para desplegar sus actividades económicas.
Esa fue una de las conclusiones centrales del foro “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre libertades económicas”, desarrollado el 17 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá. El evento estuvo liderado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Colombia), reuniendo diagnósticos de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Durante la jornada, Norman Loayza, director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, remarcó la necesidad de disponer de instituciones sólidas, seguridad jurídica, un clima propicio para los negocios y capital humano para alentar el desarrollo y la resiliencia económica.
Los distintos estudios coincidieron en que el mero reconocimiento de derechos o la creación de procedimientos resulta insuficiente. Para que las oportunidades surtan efecto, el marco normativo debe ser comprensible, previsible y factible de acatar.
La situación en cinco países
En el caso de Bolivia, el informe de la Fundación Milenio detectó un nexo directo entre la informalidad, la baja productividad y las trabas que enfrentan las pequeñas unidades productivas para expandirse. El planteamiento enfatiza que el proceso de formalización no debería limitarse a fijar obligaciones, sino proveer acceso real a financiamiento, mercados, inversiones y opciones de crecimiento.
En Colombia, un trabajo del Centro de Estudios Manuel Ramírez constató que, entre más de 23.400 vendedores informales censados en Bogotá entre 2001 y 2024, apenas el 1% accedió a programas de inclusión productiva, lo que grafica la brecha entre regular un sector y ofrecer posibilidades económicas.
En El Salvador, a pesar de una mayor apertura comercial, solamente el 6,2% de las compañías formales realizó ventas externas de bienes en 2022. Aunque las pequeñas empresas abarcaron el 86% de las firmas exportadoras, apenas representaron el 4% del valor total comercializado en el exterior.
Por su parte, el reporte sobre Guatemala identificó notorios desfases entre los plazos formales y la duración efectiva de los trámites. A modo de ejemplo, una licencia sanitaria podía tardar de cinco a ocho meses en 2025, muy por encima del término legal estipulado de entre 15 y 20 días hábiles.
En Argentina, la investigación cuantificó la existencia de 150 gravámenes —82 de carácter municipal— y alertó que imponer cargas homogéneas a firmas de diferente escala genera sobrecostos desproporcionados para los emprendimientos de menor tamaño.
Mejorar las normas y su aplicación práctica
El diagnóstico regional evidenció además que los índices internacionales sobre libertad económica suelen pasar por alto las realidades particulares de América Latina. Frente a ello, CIPE impulsa un esquema de medición que tome en cuenta elementos de índole institucional, jurídica, económica y social.
Entre los llamados del foro destaca optimizar la calidad de las normas y, sobre todo, los mecanismos mediante los cuales se ejecutan. Esquemas burocráticos engorrosos, exigencias duplicadas, variaciones frecuentes de criterios e interpretaciones discrepantes entre dependencias estatales elevan los costos, provocan incertidumbre y desincentivan la formalización y las inversiones.
Las propuestas formuladas sugieren consultar a los actores económicos previamente a modificar el marco normativo, robustecer las capacidades de las entidades públicas, simplificar los trámites antes de proceder a su digitalización, dar certidumbre a los costos y tiempos de gestión, evaluar el impacto de las regulaciones y reforzar la coordinación estatal.
A la par, CIPE apunta a articular una red regional conformada por centros de pensamiento, entidades empresariales y especialistas para promover alternativas ajustadas a los desafíos de cada territorio.
La premisa central del encuentro subraya que el propósito no radica en suprimir las normas, sino en lograr que estas respondan a sus fines sin tornarse en barreras injustificadas para la actividad productiva.
Superar la distancia entre el marco legal y las oportunidades productivas exige un fortalecimiento institucional, regulaciones claras y decisiones estatales previsibles y aplicables.