La Procuraduría General del Estado (PGE) detectó posibles irregularidades en una decena de contratos formalizados durante el mandato del exprocurador Wilfredo Chávez. De acuerdo con los reportes de la actual jefatura institucional, las contrataciones bajo observación implicarían un eventual daño económico de Bs 5.367.355.
El procurador general del Estado, Hugo César León, dio a conocer que los antecedentes correspondientes a dichos procesos contractuales ya fueron remitidos al Ministerio Público en la anterior gestión, por lo que queda en manos de esa instancia judicial el curso de las indagaciones.
León remarcó que las situaciones expuestas deben esclarecerse y que las autoridades competentes tienen la labor de verificar la existencia de irregularidades e individualizar las responsabilidades pertinentes.
Entre los contratos figura Zaffaroni
Dentro de los casos observados resalta la contratación como asesor del exjuez argentino Raúl Zaffaroni.
Según los datos brindados por León, no se habría hallado un informe que respalde de forma suficiente las actividades realizadas en el marco de dicha prestación de servicios.
La autoridad señaló que este proceso, al igual que los otros detectados, pasará por las verificaciones necesarias para definir si se ocasionó una afectación al Estado.
“Todos estos temas tienen que ser investigados”, afirmó León sobre las observaciones detectadas en trámites de administraciones previas.
Auditoría revisará gestiones anteriores
Al margen de las denuncias que ya cursan en la Fiscalía, la dirección de la PGE encomendó a la unidad de Auditoría Interna una evaluación integral de las actuaciones desarrolladas en periodos pasados.
El objetivo del examen es dilucidar si los diez contratos corresponden a hechos aislados o si existen más procedimientos con presuntas inconsistencias.
Dicha labor técnica otorgará a la Procuraduría mayores insumos a fin de delimitar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, en caso de que corresponda.
Aunque el monto observado alcanza los Bs 5,36 millones, corresponderá a los entes de investigación determinar si el daño económico se confirma y quiénes recaen como responsables.
Ministerio Público definirá continuidad de los casos
León detalló que la Fiscalía debe manifestarse respecto a los antecedentes que le fueron remitidos.
El Ministerio Público evaluará la continuidad de las pesquisas, la confirmación de disposiciones previas o la apertura de nuevas actuaciones procesales.
El procurador puntualizó que estas determinaciones tendrán que emitirse en los plazos fijados por el ordenamiento legal.
De forma paralela, la PGE mantendrá las revisiones internas con el fin de identificar más irregularidades y consolidar los controles institucionales.
Menos funcionarios y sin abogados externos
La gestión actual informó también un recorte en la planilla de personal. En la actualidad, la institución opera con 144 dependientes, a diferencia de los 175 que se tenían en el periodo de Chávez.
León aseveró que la disminución de trabajadores no afectará el cumplimiento de tareas e introdujo un cambio en la atención de las causas judiciales a nivel nacional.
Bajo este lineamiento, los litigios en el país serán asumidos directamente por los abogados de planta de la Procuraduría, suprimiendo la contratación de juristas externos.
Con esta medida, explicó la autoridad, se busca optimizar la capacidad operativa interna del ente estatal y concentrar la representación y defensa jurídica en sus propios recursos.
El control a los contratos de anteriores periodos y la activación de auditorías internas se enmarcan en las primeras medidas de la actual directiva para transparentar los recursos y mecanismos de la entidad. (La Prensa)