El Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su preocupación por la salida anticipada de mujeres elegidas por voto popular que, a pocos meses de asumir sus funciones, dejaron sus puestos en medio de situaciones vinculadas con amenazas, acoso y violencia política.
La vicepresidenta del Órgano Electoral, Ximena Camacho, informó que al menos una decena de mujeres electas presentaron sus renuncias desde mayo, fecha próxima a la posesión de las nuevas autoridades. El TSE evalúa de forma individual cada caso con el fin de determinar si las dimisiones respondieron a decisiones voluntarias o si estuvieron motivadas por presiones y agresiones.
La autoridad electoral puntualizó que una renuncia no representa automáticamente un hecho de acoso o violencia política. Por ello, la entidad desarrolla una revisión particular para verificar la posible existencia de vulneraciones a los derechos de las autoridades.
Como parte de los mecanismos de verificación, personeros del TSE entrevistan a las mujeres que optaron por alejarse de sus cargos. Mediante estos encuentros, se busca indagar en los antecedentes de la renuncia e identificar si mediaron amenazas, hostigamiento, presiones o impedimentos para el ejercicio de sus funciones.
Camacho reportó además que, durante el presente año, entre 10 y 11 casos vinculados con posibles hechos de acoso o violencia política fueron remitidos al Ministerio Público, instancia encargada de llevar adelante las investigaciones y determinar responsabilidades penales.
Entre los hechos reportados se registraron amenazas personales e intimidaciones que habrían alcanzado a familiares de las afectadas. Asimismo, se identificaron dificultades operativas en sus lugares de trabajo, tales como restricciones de acceso a documentación requerida para la firma de actos administrativos, conductas tendientes a desconocer su investidura y campañas de descrédito en redes sociales y plataformas digitales.
Frente a estos escenarios, el Órgano Electoral aplica los protocolos dispuestos en la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, con el objetivo de preservar la representación conseguida en las urnas. De hallarse indicios de presuntos delitos, los antecedentes se derivan a la Fiscalía, labor que se complementa con talleres de capacitación y medidas de prevención institucional. (El Alteño)