Bajo estrictas medidas de seguridad, el consultor político argentino Fernando Cerimedo fue trasladado este martes desde Santa Cruz hasta el departamento de La Paz. La acción policial dio cumplimiento a una orden judicial en el marco de una investigación por un presunto caso de enriquecimiento ilícito.
Cerimedo, quien se encontraba recluido en el penal de Palmasola, fue retirado durante la madrugada para ser conducido al aeropuerto internacional de Viru Viru. Desde esa terminal aérea despegó rumbo a El Alto, desde donde una caravana policial lo trasladó por carretera hasta el recinto penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio paceño de Viacha.
La disposición judicial determinó que el investigado cumpla una detención preventiva por el lapso de 180 días. Durante este periodo, el Ministerio Público deberá desarrollar las diligencias e investigaciones pertinentes para esclarecer los cargos en su contra.
Operativo y custodia policial
El despliegue comenzó a tempranas horas cuando efectivos policiales sacaron a Cerimedo de la cárcel cruceña y lo custodiaron hasta Viru Viru. Luego de aterrizar por la mañana en El Alto, el trayecto continuó por tierra hasta el penal de Chonchocoro, concluyendo el procedimiento sin eventualidades.
Este cambio de penal corresponde de manera exclusiva al proceso abierto en La Paz, en el que las autoridades judiciales definieron que la medida cautelar se cumpla en dicho recinto mientras avanzan los actos investigativos.
Dos causas abiertas
La situación jurídica de Cerimedo abarca dos frentes distintos. Previo a este traslado, permanecía privado de libertad en Santa Cruz investigado por el presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller.
A esa causa se suma de forma paralela la acusación por presunto enriquecimiento ilícito radicada en La Paz. El cambio de penal no interrumpe ni da por concluido el caso seguido en la capital oriental, por lo que el acusado deberá responder por ambos procesos de manera independiente.
En el marco de la detención preventiva por 180 días, las autoridades continuarán con el acopio de declaraciones y documentación requerida para determinar si existen responsabilidades penales. Dicha medida cautelar no representa una sentencia, y su situación procesal se resolverá conforme avance la causa penal.