El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, junto al diputado Carlos Alarcón, presentó ante el pleno del Senado un proyecto de ley enfocado en modificar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE). La propuesta introduce cambios en áreas consideradas estratégicas e inicia formalmente el procedimiento legislativo estipulado para una eventual reforma constitucional.
Presentada durante una sesión ordinaria de la Cámara Alta, la iniciativa señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ejercer su función constituyente para definir la necesidad, alcance y contenidos de la modificación planteada.
El documento contempla ajustes orientados al régimen de competencias y autonomías, además de las condiciones aplicables a las inversiones nacionales y extranjeras. Para ello, sugiere incorporar nuevos artículos a la Carta Magna y fijar disposiciones transitorias para acompañar la aplicación de los cambios.
Uno de los ejes principales está vinculado con los contenidos constitucionales sobre competencias y el funcionamiento del régimen autonómico.
En ese marco, se propone añadir un nuevo artículo 412 con la finalidad de posibilitar que ciertas materias actualmente normadas de forma directa en la Constitución puedan ser reguladas, modificadas o suprimidas mediante leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa.
Para viabilizar dichas modificaciones por la vía legislativa, la iniciativa demanda una votación de dos tercios de los asambleístas presentes.
Este mecanismo se plantea a fin de dotar de mayor flexibilidad al desarrollo normativo posterior, permitiendo que elementos puntuales se ajusten por medio de leyes ordinarias sin requerir nuevamente un procedimiento completo de reforma constitucional.
Inversiones nacionales y extranjeras
El segundo componente clave aborda las inversiones a través de la incorporación del artículo 413 a la CPE, orientado a brindar garantías a capitales nacionales y foráneos.
Entre las medidas se incluye la restricción de expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones o reversiones de inversiones, siempre que se cumplan las condiciones determinadas por ley.
El texto añade también vías de resolución para eventuales controversias entre el Estado y los inversores, con el objetivo de establecer reglas constitucionales que den mayor previsibilidad a los vínculos entre el sector público y los actores económicos privados.
La propuesta asocia estas reformas con una transformación más amplia del modelo económico y ajustes que también alcanzarían al sistema judicial, previendo que la adecuación normativa se efectúe después mediante leyes estructurales y sectoriales.
Un año para adecuar las leyes
Asimismo, el proyecto incorpora una Disposición Transitoria Undécima que otorga a la ALP un plazo máximo de un año, a partir de la vigencia de la reforma parcial, para aprobar las leyes estructurales y sectoriales ligadas a las disposiciones constitucionales modificadas o “desconstitucionalizadas”.
Dicha disposición busca evitar que los preceptos queden sin desarrollo legislativo, demandando normas complementarias para hacer efectiva la reforma en los ámbitos judicial y económico.
Procedimiento en tres etapas
La iniciativa traza un camino de tres fases para concretar la modificación constitucional:
La primera etapa exige el pronunciamiento individual de Diputados y Senadores, instancias que deben evaluar y definir la necesidad y el alcance de los ajustes propuestos.
En la segunda etapa, la Asamblea Legislativa en pleno deberá aprobar el texto oficial de la reforma parcial con el respaldo de dos tercios de los miembros presentes.
La tercera etapa corresponde al referendo constitucional, donde la ciudadanía determinará mediante su voto si aprueba o rechaza el texto previamente sancionado por el Legislativo. Por ende, la reforma no entrará en vigor únicamente con el aval parlamentario.
Tratamiento en comisión
Tras su lectura en el pleno senatorial, el proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral para su evaluación técnica.
Concluido el informe en dicha comisión, retornará al pleno de la Cámara Alta. Si resulta aprobado, pasará a la Cámara de Diputados para continuar el curso legislativo correspondiente, sujeto al cumplimiento de los respaldos requeridos.