A casi nueve años del inicio de las investigaciones, el caso por el desfalco al Banco Unión llegó a una resolución judicial clave. Un tribunal de sentencia determinó condenar a Juan Pari a 22 años y seis meses de prisión por la sustracción de Bs 37,6 millones, hecho que fue destapado y denunciado públicamente en 2017.
La resolución fue notificada en una audiencia en la que Pari compareció de forma virtual desde el penal de El Abra, en Cochabamba, donde se encuentra recluido. El fallo judicial instruye que cumpla la condena en el centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.
El proceso legal incluyó a un total de 17 personas en diversas etapas del proceso. El fiscal Walter Lora informó que cinco de los procesados resultaron condenados a distintas penas de reclusión, mientras que los restantes fueron absueltos.
Al margen de la condena dictada contra Pari, uno de los sindicados recibió una pena de cuatro años de privación de libertad, dos fueron sancionados con tres años y otro deberá cumplir 10 años de cárcel.
El caso destapado en 2017
Los hechos salieron a la luz en 2017 tras identificarse operaciones anómalas que posibilitaron la salida de cuantiosas sumas de dinero de la entidad estatal.
En ese lapso, Pari se desempeñaba como jefe de operaciones en las sucursales de Batallas y Achacachi. De acuerdo con las indagaciones, dicho cargo le habría facilitado el ingreso a los sistemas informáticos y el empleo de métodos para camuflar las transferencias de dinero.
Las pesquisas señalaron que, entre 2016 y 2017, se cargaron operaciones que simulaban transferencias hacia un cajero automático inexistente.
Bajo esa modalidad se habría concretado la extracción de altas sumas sin activar de inmediato las alertas internas. Tiempo después se descubrieron las irregularidades y se dio paso a las acciones judiciales para rastrear los fondos.
El monto total desfalcado alcanzó los Bs 37,6 millones, constituyéndose en uno de los mayores fraudes financieros registrados en el país.
Destino de los recursos
La investigación también se enfocó en rastrear el destino del dinero sustraído de la entidad bancaria.
Conforme a las indagaciones, una fracción de los fondos se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como inmuebles y vehículos, además de costear viajes y vuelos en aeronaves privadas.
De igual forma, las autoridades hicieron seguimiento a inversiones y emprendimientos presuntamente solventados con el dinero del desfalco.
En la lista de negocios vinculados figuraron actividades de alquiler de motorizados, construcción, curtiembre, una discoteca e indagaciones en torno a un canal de televisión.
Dichos antecedentes se adjuntaron a la causa para precisar el destino de los recursos y determinar si otros involucrados conocían o participaron del ilícito.
Cuestionamientos en la fase final
En su última intervención ante los jueces, Pari aludió a la situación de los demás coimputados.
El sentenciado ofreció disculpas por los perjuicios que sus actos habrían ocasionado a los otros investigados y aseveró que varios de ellos carecían de responsabilidad en los hechos.
Asimismo, Pari criticó que algunos acusados optaran por asumir culpas con el propósito de pactar acuerdos o dar término al juicio tras casi una década de duración.
Pari permanece privado de libertad desde 2017. Con la determinación del tribunal, el principal implicado deberá cumplir la pena de 22 años y seis meses en Chonchocoro.