Cientos de personas que adquirieron terrenos bajo la modalidad de planes de pago marcharon este miércoles por las calles de Santa Cruz de la Sierra. La movilización tuvo como propósito expresar su rechazo al incremento en las cuotas mensuales que diversas empresas urbanizadoras comenzaron a cobrar tras la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario denominado “dólar flexible”.
Los compradores exigieron que se mantengan inalterables las condiciones fijadas en sus contratos iniciales. Los manifestantes sostienen que sus acuerdos contemplaban pagos con un tipo de cambio de Bs 6,96 por dólar y que las inmobiliarias no tendrían autorización legal para alterar dichos valores de manera unilateral.
El conflicto surge poco después de la aplicación del nuevo mecanismo de cotización implementado por el Gobierno. Hasta el domingo 28 de junio, el cambio oficial se encontraba congelado en Bs 6,96, pero desde el lunes 29 de junio el Banco Central de Bolivia pasó a actualizar la cotización oficial cada día a las 20:00.
De acuerdo con los manifestantes, este miércoles la cotización referencial trepó a Bs 9,76 por dólar. Aseguran que esta variación cambiaria está siendo aprovechada por algunas urbanizaciones para recalcular los saldos pendientes y elevar el valor de las cuotas mensuales.
En el transcurso de la protesta, los afectados hicieron notar que la medida golpea fuertemente a hogares que planificaron su economía familiar sobre la base de compromisos fijos. Uno de los compradores expuso que su mensualidad subió de Bs 800 a Bs 1.100, mientras que otros indicaron que los reajustes en distintos proyectos llegan hasta el 30% respecto al valor original.
Los afectados argumentan que estos incrementos contravienen los acuerdos y reclaman que no se utilice el ajuste cambiario para modificar compromisos con cronogramas preestablecidos.
“Hay un contrato firmado donde hay un precio fijo”, señaló una de las personas que participó en la marcha, quien precisó que tras examinar sus documentos no encontraron cláusulas que avalen reajustes derivados de variaciones en la cotización de la divisa.
Ante este panorama, los movilizados adelantaron que acudirán ante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para solicitar una verificación del caso y determinar si los incrementos se adecuan a los contratos y a la legislación de protección al consumidor.
Durante la jornada, los manifestantes subrayaron que destinar mayores recursos al pago de la tierra pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, advirtieron que la problemática no es aislada ni exclusiva de una compañía, pues involucra a familias de múltiples urbanizaciones cruceñas y de otros departamentos.
Algunos asistentes señalaron que un incremento prolongado podría obligar a los sectores con menores ingresos a interrumpir sus pagos y perder sus terrenos. Por esta razón, reclamaron el respeto a los montos pactados y que cualquier ajuste sea evaluado estrictamente bajo el tenor de los documentos firmados.
Igualmente, se cuestionó que el impacto económico de la devaluación se descargue sobre los compradores, particularmente cuando se trata de lotes comercializados bajo condiciones fijadas con anterioridad.
La jornada concluyó con la advertencia de que podrían asumir nuevas medidas de presión en caso de no recibir una respuesta institucional satisfactoria. El conflicto expone el debate sobre los efectos de la cotización cambiaria en obligaciones y contratos a largo plazo pactados en el sector inmobiliario.