Los alcaldes de las ciudades capitales del país y de El Alto fijaron un plazo hasta el viernes 13 de noviembre para que el Gobierno nacional promulgue un decreto supremo destinado a actualizar los precios de los proyectos de construcción, con el fin de frenar la paralización de las obras públicas. La determinación se asumió tras una reunión de emergencia en la que se evaluaron los problemas económicos para sostener la ejecución de dichos trabajos.
Fátima Tardío, alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, señaló que esperan que el Órgano Ejecutivo cumpla los compromisos previamente acordados y viabilice la norma en el plazo indicado. La autoridad remarcó que la medida es urgente y fundamental para dar continuidad a las obras en desarrollo.
La principal inquietud de los gobiernos municipales radica en adecuar los costos contractuales a la coyuntura económica actual. Conforme a la postura edil, sin este ajuste de precios será insostenible mantener los proyectos vigentes y responder a los compromisos con las constructoras.
Municipios exigen participar en la Agenda 50/50
De forma paralela, las autoridades municipales demandaron mayor participación en los debates concernientes a la Agenda 50/50 y la reconfiguración del pacto fiscal.
Los burgomaestres sostienen que la distribución de los fondos estatales debe ajustarse para que las competencias asignadas tengan respaldo financiero suficiente. Para ello, acordaron una hoja de ruta técnica basada en siete ejes, orientada a debatir modificaciones en el régimen de financiamiento y reparto de recursos.
La agenda incluye la revisión de la masa coparticipable, las directrices del esquema 50/50 y el alivio de cargas financieras que pesan sobre los presupuestos locales.
El objetivo trazado es asegurar mecanismos que amplíen la disponibilidad de recursos y eviten la asunción de nuevas atribuciones sin el respectivo sustento presupuestario.
Piden devolución de recursos del IDH
Entre las exigencias también figura la restitución de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los municipios solicitaron la devolución del 12% retenido en 2025.
Del mismo modo, demandaron que dicha retención no se aplique durante la gestión 2027, con la finalidad de contar con solvencia para atender sus requerimientos y proyectos.
Las autoridades locales argumentan que disponer de estos recursos es indispensable para garantizar la programación presupuestaria y atenuar las limitaciones financieras.
Plantean cambios en las obligaciones municipales
En el encuentro también se expusieron propuestas para replantear la carga de obligaciones entre el nivel central del Estado y los municipios.
Una de las peticiones centrales es que el Gobierno asuma gastos que hoy cubren las alcaldías, como el pago del bono a las personas con discapacidad, para lo cual propusieron reformar la Ley 977.
Asimismo, solicitaron reconsiderar el 10% asignado a seguridad ciudadana para reevaluar los compromisos financieros vinculados a este rubro.
A estos puntos se añade la propuesta de retornar a los municipios la atribución de la inspección técnica vehicular.
Viernes será clave para definir la continuidad de las obras
Este conjunto de demandas será remitido al Ejecutivo, combinando urgencias de corto plazo con reformas estructurales en el ámbito fiscal y administrativo.
Pese al alcance de los planteamientos, la prioridad inmediata se enfoca en la aprobación del decreto de actualización de costos de construcción.
Tardío recalcó la necesidad de que la normativa sea emitida hasta el viernes 13 de noviembre en atención a los compromisos asumidos.
El desenlace de estas gestiones definirá el futuro de los proyectos ediles y la respuesta gubernamental ante el pedido de condiciones financieras adecuadas para la continuidad de las obras. (La Prensa)
